SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de la Federación de Minas y Metal de CC.OO.-A, Enrique Jiménez, apostó hoy por alcanzar la compatibilidad de intereses entre los acreedores con los que cuenta Delphi y los de las empresas interesadas en instalarse en los terrenos que antes ocupaba la multinacional en Cádiz, ante la posibilidad de que se retrase su puesta en marcha hasta que no se resuelvan las reclamaciones realizadas a la firma.
En declaraciones a Europa Press, Jiménez aclaró que es importante estudiar todas las reclamaciones presentadas por los acreedores con detenimiento para poder alcanzar unas conclusiones coherentes.
Asimismo, insistió en que los administradores concursales no tienen que impedir la instalación de nuevos proyectos industriales, salvaguardando también los intereses de los acreedores, una situación "posible de llevar a cabo", según el dirigente sindical.
También recordó que cualquier posible retraso en cuanto a los planes prefijados y respecto a la puesta en marcha de las nuevas empresas que se instalarán en la zona puede suponer graves perjuicios sociales.
Por su parte, el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, afirmó hoy que las impugnaciones presentadas por los acreedores de Delphi ante la suspensión de pagos "no ponen en entredicho ni en peligro los activos, que son o serán de la Junta de Andalucía, para que los trabajadores se puedan recolocar; ni tampoco dilata el proceso de industrialización de la Bahía, que está garantizado".
En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el consejero quiso dejar claro que esta situación "en nada merma la tenencia que tendrá la Junta de Andalucía de los bienes, ni merma el proceso inversor que se empieza a producir para compensar el impacto económico y social negativo que tuvo el cierre de Delphi".
El informe de los administradores concursales, concluido definitivamente en septiembre, recoge la existencia de 600 acreedores, con los que la antigua fábrica de Delphi acumularía una deuda de unos 20 millones de euros.
Tras darse a conocer a los interesados en octubre y cerrarse en noviembre el plazo de alegaciones, contra ese documento se han presentado finalmente más de 200 impugnaciones. En general, piden mayores cantidades de dinero y distintas calificaciones de sus créditos.
