PAMPLONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno navarro, José María Roig, explicó hoy, en comisión parlamentaria, que la principal motivación que llevó al Ejecutivo foral a no aceptar el expediente de Regulación de Empleo de Dura Automotive fue que las causas económicas alegadas por la dirección "eran insuficientes" y que, además, "la dirección no planteó a los trabajadores más alternativa que el cierre".
Roig compareció, a petición de Izquierda Unida, para explicar las gestiones realizadas por el Ejecutivo ante el cierre de la planta de Orkoien de Dura Automotive. A su juicio, se trata "claramente de una deslocalización empresarial, cuyo fin es trasladar la actividad de la empresa a otro emplazamiento con costes productivos y de mano de obra inferiores".
En su argumentación, Roig explicó que se admitieron, de entrada, los planteamientos a favor y en contra de ambas partes y que la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos "se centró en conseguir un acuerdo entre la empresa y el comité".
Según apuntó el consejero, el departamento mantuvo tres reuniones de mediación entre la dirección de la empresa y los trabajadores los días 21 y 28 de febrero y el 13 de marzo, "sin que en los mismos se lograrse conseguir un acuerdo". Incluso, añadió, "ayer mismo me reuní con el Comité de Empresa de Dura, a petición de los propios trabajadores".
Asimismo, Roig hizo hincapié en que el procedimiento utilizado y el método de trabajo seguido por el Gobierno ante este ERE "no ha diferido, pese a que el resultado les ha sorprendido a muchos, de otros expedientes presentados ante el departamento". En este sentido, subrayó que, en este y en casos similares, el Gobierno tiene en los trabajadores su principal preocupación".
Además, indicó que el Gobierno ha facilitado en el expediente de Dura las vías de diálogo entre las partes ofreciéndose como mediador "si lo estimaban oportuno la empresa y los trabajadores, y sobre todo, agotando las posibilidades de acuerdo entre las partes".
De este modo, y pese a que el 17 de marzo la empresa y el comité formalizaron su acta de desacuerdo, el Gobierno de Navarra, según Roig, "siguió insistiendo ante las partes en la conveniencia de lograr un consenso y la posibilidad de hacerlo en tanto en cuanto el Gobierno de Navarra no resolviera el expedientes de forma definitiva".
Por último, Roig expuso a los grupos que el departamento prefirió agotar su plazo para resolver el expediente y entre los días 17 y 27 de marzo "existió un plazo adicional de 11 días al mes que otorga la ley dentro del período de consultas para que las dos partes intentar acercar posturas".
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