MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en colaboración con la Junta de Andalucía, mantiene en el Golfo de Cádiz un plan de vigilancia pesquera para intensificar el control sobre la actividad pesquera, después de que Europa condenara el año pasado a España por no controlar adecuadamente la pesca en esta zona.
El departamento que dirige Elena Espinosa ha informado al Congreso de los Diputados, en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Europa Press, que la Secretaría General del Mar lleva a cabo una serie de medidas para controlar la pesca, en lo que se refiere a extracción, comercialización y consumo de pescado de talla inferior a la autorizada o inmaduros y para mejorar la gestión de las sanciones impuestas a quienes no cumplen la ley.
A finales del pasado año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) condenó a España por no controlar de forma correcta el desembarco y la comercialización de pescados --concretamente merluza y boquerón-- de talla inferior a la reglamentaria. Aquella sentencia señalaba que España no destinaba los medios humanos necesarios para la inspección del ejercicio de la pesca y no castigaba adecuadamente a los infractores.
Así las cosas, el departamento que dirige Elena Espinosa realiza actualmente seguimientos de los buques que faenan en la zona, análisis del volumen de descargas de las flotas más representativas, de las especies susceptibles de comercialización de inmaduros y de los puertos de más riesgo; y ha establecido el compromiso de incrementar las inspecciones de desembarques como mínimo al 6 por ciento de las capturas desembarcadas en el Golfo.
El Ministerio dice que la vigilancia de dirigirá prioritariamente a las flotas de arrastre y cerco y especialmente a los puertos de Isla Cristina, Punta Umbría, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz y Puerto de Santa María aunque eso no quitará que también se puedan hacer inspecciones aleatorias en otras zonas y puertos de desembarque.
Entre las medidas de control también habrá otras específicas sobre artes no autorizados o antirreglamentarios, controles periódicos a barcos arrastreros y cerqueros y de documentación de capturas así como inmovilización de embarcaciones infractoras.
El Gobierno también se refiere a las previsiones para cambiar el tamaño de la malla que emplean los arrastreros de modo que se incremente el mínimo legal de tramado de 40 a 55 milímetros. Se trata de un proyecto basado en un estudio científico de la Secretaría General del Mar que, según el Ministerio, "goza de la aceptación del sector".
Según la respuesta, será la Administración la que asuma "en todo o en parte" la financiación económica de los cambios de malla para facilitar su implementación.
SANCIONES Y MÁS MEDIOS.
En cuanto a la gestión de las sanciones, se prevé la mejora de la incoación de procedimientos sancionadores a los responsables de las presuntas infracciones, de las medidas provisionales para ellos y la de la imposición de sanciones.
El Ministerio no pasa por alto el necesario incremento de medios humanos dedicados a la inspección, tanto entre los dependientes de la Administración General del Estado como de la Junta de Andalucía. Del mismo modo, señala que también habrá agentes de varios cuerpos de Policía y de las Autoridades de Sanidad y Consumo de la Junta que se dedicarán al control de tallas reglamentarias de especies comercializadas en la región.
Por último, el Ministerio responsable de pesca, recuerda que es "imprescindible" exigir a las entidades concesionarias de las lonjas el ejercicio de su responsabilidad en relación con la identificación de las especies y la venta de pescado de talla antirreglamentaria, así como que se facilite a los equipos de inspección el ejercicio de su cometido.
