MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de ley en la que insta al Gobierno a cumplir los acuerdos del Congreso de los Diputados y proceda a la disolución y liquidación de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que acumula pérdidas por más de 23 millones de euros y "únicamente" ha suscrito 13.277 contratos de arrendamiento en sus cinco años de funcionamiento.
Según los 'populares', la SPA acumula en concreto unas pérdidas por valor de 14,7 millones de euros desde 2005 a 2007, a las que se suman otras de 8,61 millones en 2008.
A pesar de esta situación de "quiebra técnica", las decisiones del Ministerio de Vivienda para salvar la SPA han sido aportarles una partida total de 13,4 millones de euros para compensar los 'números rojos' y un préstamo de la Sociedad Pública Estatal del Suelo (SEPES) de seis millones, según señala el PP en su proposición no de ley.
"No consideramos que ante esta situación de crisis esté justificado este gasto teniendo en cuenta los pobres resultados", subraya el grupo parlamentario 'popular', quien insiste en que la SPA sigue teniendo unas pérdidas de 9,9 millones de euros tras las aportaciones realizadas.
El PP considera que dicha sociedad constituye una "clara duplicidad" a las sociedades públicas tanto locales como autónomicas, a su juicio, "ineficaz", como "ya se ha demostrado en númerosas ocasiones".
Los 'populares' afirman que la situación del mercado del suelo encabeza los problemas del sector. "SEPES está cumpliendo su función y SEPES urbana, que fue creada recientemente, podría ser útil en la función de desarrollar tanto suelo de titularidad pública como aquel suelo que sea adquirido a particulares, promotores o bancos", apuntan desde el PP.
El Gobierno aprobó la puesta en marcha de la SPA el 8 de abril de 2005 con el objetivo inicial de intermediar en el alquiler de un mínimo de 25.000 viviendas en cuatro años y facilitar la dinamización del mercado de alquiler a "precios razonables" ofreciendo un "marco estable de relación" entre propietarios e inquilinos.
Además aseguró que la sociedad contribuiría, previsiblemente, a reducir el precio de la vivienda en alquiler, porque la oferta iba a aumentar.
