Estafa Filatélica.- Los afectados denuncian haber sido moneda de cambio entre el Gobierno y los partidos nacionalistas

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Española de Afectados de Fórum Filatélico y Afinsa (Ceaffa) denunció hoy que los perjudicados han sido "moneda de cambio" entre el Gobierno y los partidos nacionalistas durante la tramitación de la Ley de Bienes Tangibles, según informó la coordinadora en un comunicado.

La Ceaffa explicó que el debate celebrado esta mañana en el Congreso de los Diputados y la posterior aprobación de la Ley con el único voto en contra del PP puso de manifiesto el "divorcio" entre la clase política y la ciudadanía.

Los afectados criticaron el "quiebro" protagonizado por los partidos nacionalistas en la recta final de la tramitación en favor de la enmienda transaccional presentada por PSOE tras comprometerse con las asociaciones de afectados a defender una solución "justa" para las 460.000 familias.

La Ceaffa afirmó que se está llevando a cabo una política de "intercambio de cromos" en la que priman los intereses de los partidos sobre los de los ciudadanos.

Cabe recordar que en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado, celebrada el pasado 19 de noviembre, la adhesión de PNV, CiU y EA a la enmienda a la totalidad del PP vetó el Proyecto de Bienes Tangibles.

Tres días después, el pleno del Senado aprobó, con lo votos en contra de PP y EA, el Proyecto de Ley con la inclusión de una enmienda transaccional propuesta por el secretario de Estado de Economía y Hacienda, David Vegara, en una reunión mantenida con todos los grupos y a la que no fue convocado el grupo parlamentario popular.

Según explicó la Ceaffa, la solución impulsada por el Gobierno de ampliar los créditos ICO "es del todo insuficiente", tanto por la cuantía como porque obliga a los afectados con menos recursos a "entramparse" con el Estado al tener que devolverlos en el plazo de cinco años.

Los afectados consideraron que el Gobierno "ha comprado la voluntad de los grupos" y anunciaron que seguirán trabajando en favor del reconocimiento judicial de la responsabilidad patrimonial del Estado y de una solución "justa y rápida" para los más de 460.000 afectados por las dos presuntas estafas.