El Gobierno catalán deja claro que el aplazamiento de los pagos a las residencias es "estrictamente temporal"

El Conseller Andreu Mas-Colell Y El Portavoz Del Govern, Francesc Homs
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 27 septiembre 2011 17:21

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha dejado claro que el aplazamiento de los pagos a las residencias concertadas es "a corto plazo y estrictamente transitorio" y obedece únicamente a las dificultades de liquidez que está teniendo la administración pública catalana.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, Mas-Colell ha querido resaltar que los problemas de tesorería se dan "en todas partes, en todo tipo de instituciones" y que también ocurren en otros países de Europa y del resto del mundo.

Mas-Colell ha indicado que el Gobierno catalán está en conversaciones con los diferentes sectores privados con quienes mantiene conciertos para procurar que los problemas de liquidez tengan las menores consecuencias posibles.

PROBLEMAS DE TESORERÍA

La Consejería de Bienestar y Familia de la Generalitat ha anunciado a las residencias de ancianos y centros de discapacitados concertados y colaboradores que dejará de enviarles su aportación mensual correspondiente a septiembre y octubre por falta de liquidez.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería, esta situación ha obligado al departamento que dirige el consejero Josep Lluís Cleries a suspender el pago a estas residencias, que el lunes fueron informadas personalmente, y que recuperarán el dinero antes de finales de año.

Concretamente, las residencias concertadas dejarán de cobrar todo el copago que recibían por plaza correspondiente a septiembre --que normalmente se ingresa a finales de mes-- y a octubre, mientras que la residencias colaboradoras recibirán el 65% de la factura cada uno de estos dos meses.

Mientras, las entidades del tercer sector catalán han asegurado que la suspensión temporal de los pagos es una medida "impresentable" y que el Gobierno catalán no debe trasladar sus problemas de tesorería a las entidades sociales.