El Gobierno exigirá que las normas aprobadas por el Consejo de Ministros tengan un informe de cargas administrativas

Actualizado 18/06/2008 22:34:34 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, manifestó hoy la voluntad del Gobierno de reducir las cargas administrativas para mejorar la "productividad y competitividad" de la economía española y anunció que el Ejecutivo exigirá que todas las normas que sean aprobadas por el Consejo de Ministros contengan un informe sobre ellas.

Durante su comparecencia en el Senado, Salgado recordó que ya existe un Plan de Acción para la reducción de las cargas administrativas e hizo hincapié en la necesidad de trasladar a España la estrategia de la Unión Europea debido a la estructura empresarial del país, donde priman las empresas de tamaño reducido, y al modelo de distribución territorial del poder político que, según reconoció, "en ocasiones genera duplicidades normativas innecesarias".

Así, explicó que este es el "primer paso" para identificar y eliminar las cargas administrativas "redundantes, desfasadas o innecesarias" y suprimir los trámites que puedan ser simplificados y realizados por medios telemáticos.

Para ello, anunció que todas las normas que sean aprobadas por el Consejo de Ministros deberán estar acompañadas por un informe sobre cargas administrativas, aunque reconoció que no se trata de un plan que afecta únicamente al Gobierno central porque las cargas empresariales y de actividades económicas no sólo están impuestas por la Administración General del Estado sino también por las instituciones territoriales.

Por ello, afirmó que el Gobierno establecerá canales de "colaboración" con las comunidades autónomas y las entidades locales y señaló que está diseñando un convenio marco en el que poder expresar su "deseo y cauce de colaboración con las administraciones" en materia de cargas administrativas.

La ministra manifestó además su voluntad de conseguir "una administración abierta" que esté disponible "24 horas al día, 365 días al año y accesible desde todos los lugares", para lo que destacó el desarrollo de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos a través de la extensión de la firma electrónica de los empleados públicos, la ampliación de las infraestructuras y la conexión electrónica de todas las entidades locales.

'CARPETA DEL CIUDADANO'

Salgado subrayó que a lo largo de la legislatura el Gobierno avanzará también en la creación de la 'carpeta del ciudadano', un único punto desde el que cualquier ciudadano o empresa pueda conocer la información más relevante que la Administración General del Estado posee sobre sus relaciones con la administración "y desde donde pueda consultar el estado de tramitación de sus procedimientos y recibir información personalizada".

Asimismo, incidió en la importancia del teléfono 060 y anunció un programa para que al final de esta legislatura "todas estén interconectadas", de manera que de todas ellas se pueda proporcionar información y ayuda "para la realización de cualquier trámite a todos los ciudadanos que lo requieran". "Nuestro objetivo es que al final de la legislatura tengamos una red de más de 3.000 oficinas de distintas administraciones conectadas en tiempo real", explicó.

La ministra destacó así una serie de modificaciones legales para adaptar las estructuras orgánicas de la administración "a las nuevas realidades sociales y políticas" y con el objetivo de "intensificar la coordinación de las actividades de las actividades del conjunto del sector público estatal en el territorio y mejorar los mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas.

Respecto al empleo público, señaló que su principal objetivo en esta legislatura es reforzar el diálogo social "dentro del marco general que acuerden las centrales sindicales, los empresarios y el Gobierno respecto al mercado de trabajo en su conjunto". Para ello, el Ejecutivo propondrá a las organizaciones sindicales un acuerdo que incluya "el grueso" de los aspectos que puedan ser regulados en la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.

"En este marco, se abordará la racionalización de Cuerpos y Escalas de funcionarios, adecuando su número y funciones a las nuevas titulaciones académicas, la transformación de las competencias del Estado y a las nuevas exigencias tecnológicas", enfatizó.

Salgado indicó que esta reforma afectará a los procesos de selección de los empleados públicos y explicó que el objetivo será "medir las capacidades de los aspirantes para diagnosticar, negociar y tomar decisiones en situaciones complejas". Para ello, el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) "revisará y modernizará el programa de formación de directivos", para quienes se elaborarán cursos de "alta calificación".

"El INAP debe acometer una transformación profunda que lo convierta en un referente, nacional e internacional, de modernidad, calidad y de excelencia en selección y formación de empleados públicos --argumentó--. Sólo así dispondremos de empleados públicos con perfiles en los que destaque una gran capacidad de adaptación a los nuevos entornos".

Para ello, anunció que este organismo cambiará su marco jurídico y en los próximos meses el Consejo de Ministros aprobará su transformación en Agencia Estatal, convirtiéndose en "un gran centro para la formación de empleados públicos del más alto nivel", en el que se formarán además empleados públicos de los países latinoamericanos.

MODELO TERRITORIAL

Por último, la ministra repasó la situación del modelo territorial, aunque anunció que para hacerlo de una forma más extensa ya ha pedido su comparecencia ante la Comisión General de Comunidades Autónomas. Salgado destacó la necesidad de que funcionen los mecanismos de cooperación entre el Estado y las CCAA y destacó la labor y la necesidad de "potenciar" la Conferencia de Presidentes, las conferencias sectoriales y los instrumentos de cooperación bilateral previstos en los estatutos de autonomía.

Respecto a la modificación de la financiación autonómica y local, reconoció que necesitará "un gran consenso de todos", el mismo que el Gobierno pide para la nueva norma de bases del Gobierno Local para "clarificar aspectos esenciales para la autonomía, el funcionamiento y la consolidación de las competencias de los entes locales".

La portavoz del PP en la Comisión, Beatriz Marta Escudero, acusó al Gobierno de "olvidarse" de sus compromisos con los entes locales y le reclamó que se estudien y desarrollen criterios para dar estabilidad a las entidades locales, para lo que mostró su disposición colaborar "en aras a un mejor servicio público para los ciudadanos".

Asimismo, reprochó a la ministra su "escasa atención" los empleados públicos, "la base de la administración" y reconoció su temor a que intervención de Salgado se quede en "una mera declaración de intenciones".

Por su parte, el senador de CiU Joan Maria Roig defendió la necesidad de impulsar un "estatuto del electo local" en el que se establezcan los derechos y deberes de los cargos públicos electos, algo, a su juicio, debe abordarse "con transparencia y decisión, sin complejos". También reclamó que se impulse "un gran pacto local" y defendió que, además de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se entable un diálogo con las federaciones autonómicas de municipios, algo que compartió el senador del Partido Aragonés José María Mur.

Por último, el representante de la Entesa Catalana del Progrés, Joan Josep Nuet, se refirió al caso de corrupción destapado en Estepona (Málaga) y puso de manifiesto que no se trata de "un caso aislado" sino que obedece a "déficit estructurales en materia de competencias y financiación" de los entes locales. Salgado respondía que "ningún déficit presupuestario justifica la comisión de un delito".

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