MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los máximos responsables de 22 grandes compañías industriales europeas, entre las que figuran Celsa Group, Hidnum Steel o Russula Corporación, han reclamado a las instituciones comunitarias un gran acuerdo que garantice la competitividad de la producción baja en carbono y aporte certidumbre a inversiones por valor de más de 38.000 millones de euros, ya aprobadas o pendientes de una decisión final.
En concreto, la petición se ha recogido en una carta, coordinada conjuntamente por la coalición Cleantech for Europe y Business for CBAM Coalition, dirigida a los ministros europeos de Competitividad, Energía y Medio Ambiente, a los negociadores del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La declaración ha sido suscrita por los máximos responsables y directivos de Air Liquide, BlueCircle Olefins, Celsa Group, Cemvision, CMC Europe Steel Group, Ecocem Global, FertigHy, GravitHy, Heidelberg Materials, Holcim, Russula Corporación y Hydnum Steel, LKAB, Nobian, Outokumpu, Rift, Riva-Stahl, Salzgitter, SHS - Stahl-Holding-Saar, SSAB, Stegra, Titan Group y Vicat.
Las compañías firmantes, que operan en 24 Estados miembros de sectores estratégicos como el acero, el cemento, la química y los fertilizantes, han advertido de que el futuro de sus inversiones depende de tres condiciones simultáneas: un precio del carbono que proteja la competitividad de las tecnologías limpias, una demanda suficiente para sus productos y un suministro eléctrico a precios comparables a los de sus competidores internacionales.
"El precio del carbono y el ajuste en frontera igualan las condiciones de competencia; un mercado pionero proporciona una demanda fiable; y la electricidad competitiva nos permite fabricar el producto. Si se debilita uno de estos elementos, los demás no pueden compensarlo", han sostenido los firmantes, quienes han planteado que la descarbonización industrial necesita un modelo de negocio viable y no únicamente objetivos regulatorios.
Asimismo, en el primer eje de la propuesta, los grupo exigen preservar la solidez del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS) y del CBAM, reclamando que este último cubra las cadenas de valor de los productos afectados, incorpore una solución permanente para las exportaciones y evite mecanismos de elusión o cláusulas que permitan suspender su aplicación.
Además, como segunda condición para crear mercados pioneros, las empresas han defendido que la Ley de Aceleración Industrial europea incorpore criterios sólidos de 'Made in Europe' y objetivos de descarbonización aplicables a una parte limitada de la contratación pública, con el fin de proporcionar demanda previsible a productos como el acero o el cemento de bajas emisiones.
PPA CON GARANTÍAS PÚBLICAS Y MENORES CARGOS ELÉCTRICOS.
También, ante unos precios energéticos en Europa estructuralmente superiores a los de otras regiones, las compañías han reclamado contratos de suministro eléctrico a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) con garantías públicas cuando resulten necesarias, conexiones a las redes en los plazos previstos, menores cargos eléctricos y un marco que facilite el despliegue de infraestructuras de hidrógeno y de captura y almacenamiento de CO2.
Asimismo, los grupos empresariales han solicitado posiciones coordinadas en política climática, energética e industrial para que la transición se traduzca en fábricas y empleo, concluyendo que "el cumplimiento conjunto de estas condiciones puede asegurar y adelantar la creación de empleos de calidad y las decenas de miles de millones de euros de inversiones adicionales en tecnologías de bajas emisiones de carbono que Europa tiene en cartera de proyectos".