MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) ha alertado de que el encarecimiento continuado del precio del gas añade presión sobre la competitividad de la industria, en un contexto en el que las tarifas energéticas han experimentado incrementos de al menos un 50% respecto a ejercicios anteriores -con etapas en las que el repunte se aproxima al 100%- y han provocado ya una contracción de la actividad fabril durante la primera mitad de 2026.
Según los registros del sector, la producción nacional de papel y cartón ha descendido un 3,2% a lo largo del primer semestre en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que la obtención de celulosa ha retrocedido un 3,9%.
Este menor ritmo productivo ha coincidido con un deterioro de los intercambios exteriores confirmado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), cuyas cifras reflejan que el valor de las exportaciones de papel y cartón ha caído un 9,5% y el de la celulosa se ha reducido un 14,7%, acusando tanto una bajada en los volúmenes enviados como un menor precio medio obtenido por tonelada.
A esta debilidad de las ventas exteriores se ha sumado la creciente penetración en el mercado español de fabricantes extracomunitarios, con un incremento de las importaciones de papel y cartón del 48,5% desde Turquía y del 26 por ciento desde China entre enero y junio.
Asimismo, la patronal ha puesto de relieve la brecha de costes frente a los principales competidores comunitarios: de acuerdo con el barómetro de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), un consumidor electrointensivo equivalente soporta en Francia un precio eléctrico final un 28% menor que en España, diferencia que es de un 13% favorable en el caso de Alemania una vez computadas las ayudas públicas.
El director general de Aspapel, Manuel Domínguez, ha advertido de que el encarecimiento energético grava a las compañías en un momento de costes estructurales ya elevados y ha remarcado la necesidad de asegurar condiciones equiparables a las del resto de Europa para "evitar el riesgo de deslocalización".
La dimensión del problema trasciende al ramo papelero, ya que la Alianza para la Competitividad de la Industria Española ha calculado un sobrecoste de casi 7.400 millones de euros para el conjunto de las manufacturas hasta el cierre de 2026 por las tensiones en el estrecho de Ormuz -4.220 millones atribuibles al gas y 3.175 millones a la electricidad-, con el aviso de que el 70% de dicho impacto se concentrará entre septiembre y diciembre.
Ante esta coyuntura, la organización ha reclamado una actuación pública en dos fases que combine medidas de auxilio inmediato para mitigar el impacto sobre los costes con el despliegue a medio y largo plazo de un marco específico para la industria intensiva en calor, concebido a imagen del Estatuto del Consumidor Electrointensivo.
Este esquema regulatorio, según ha defendido la entidad, debe amparar a los usuarios de gas y de biomasa e incorporar mecanismos de respaldo inversor que aceleren la descarbonización y la modernización técnica de las 72 plantas españolas sin poner en peligro su viabilidad ni los más de 17.500 empleos directos que sustentan.