A CORUÑA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ransés Pérez Boga, ha vinculado el 'caso Pujol' y la tardanza en descubrir la existencia de su dinero en el extranjero con una "deficiente legislación", junto al archivo de las actuaciones en relación a Banca Catalana.
En rueda de prensa, ha reclamado también la creación de una Oficina Nacional Antifraude, para la lucha contra la corrupción, dependiente de la Agencia Tributaria y una Policía Fiscal, a su vez dependiente de ésta.
Preguntado por el hecho de que se tardasen 34 años en descubrir el dinero del expresidente de la Generalitat en el extranjero, ha considerado que a este hecho ha contribuido "una deficiente legislación que no prima la colaboración ciudadana".
Con todo, ha destacado que "si se habla de esto es porque se ha descubierto" y ha rechazado que fuese "un arrepentimiento espontáneo". "Es porque esta familia se vio totalmente descubierta", ha sentenciado.
"ÉXITO MUY TARDÍO"
Al respecto, ha considerado que se trató de "un éxito muy tardío" y, por ello, ha abogado porque no se tarde "tanto en el futuro". En cuanto al papel de Andorra, ha manifestado que parece de "colaboración". "Pero veremos que da de sí", ha sentenciado al recordar que en este país rige el secreto bancario.
Sobre este caso, el secretario de IHE, Francisco Vázquez, ha rechazado que los inspectores estén de "brazos cruzados" y ha recordado que, en los casos en los que no disponen de datos en su propia base, la investigación tiene que partir de una denuncia.
TRANSPARENCIA Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL
Por otra parte, el presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado ha abogado por plantar "cara decidida" a la corrupción y, para ello ha recordado las 234 medidas que plantearon el pasado mes de junio para mejorar la lucha contra el fraude y acometer una reforma del sistema tributario.
Junto a ellas, ha dicho que reclamarán una Oficina Nacional Anticorrupción y "que se refuerce la independencia" de la Agencia Tributaria con un director general nombrado por el Parlamento español.
También piden la creación de juzgados especializados en delitos económicos; medidas de transparencia, entre ellas la publicación de "determinados datos" de la declaración de la renta de todos los ciudadanos y actuaciones en el ámbito de la concienciación social.
Paralelamente, han reclamado más efectivos para luchar contra el fraude fiscal y "profundizar" en la investigación. "No llegamos", ha admitido Francisco Vázquez, quien ha subrayado que hay también "bolsas de fraude gigantescas en empresas que no facturan 100 millones de euros".
