Un juez ordena a Ineco publicar los sueldos de todos sus directivos

Publicado 20/10/2016 13:57:22CET

Tal como le instó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a petición de un ciudadano

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ineco, la ingeniería pública dependiente del Ministerio de Fomento, tendrá que informar y publicar las retribuciones de todos los miembros de su equipo directivo, tal como le solicitó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tras recibir la petición de un ciudadano.

Así lo ha dictado el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid tras rechazar el recurso que Ineco interpuesto contra la petición del Consejo de Transparencia.

Ineco se negaba a facilitar las retribuciones de su equipo directivo aludiendo que sólo estaba obligada a suministrar la retribución de su presidente.

Por contra, el Consejo de Transparencia asegura que los sueldos de los directivos de Ineco entran en el concepto de información pública que regula la Ley y que su conocimiento "es conforme con el criterio interpretativo aprobado conjuntamente por el Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sobre retribuciones de empleados de los organismos públicos".

La sentencia del Juzgado avala este criterio al indicar que "Ineco está obligada a facilitar el acceso a la información en los términos previstos en la Ley, al estar incluida en su ámbito subjetivo".

CÓMO SE MANEJAN LOS FONDOS PÚBLICOS.

El juez reconoce expresamente que "las personas respecto de cuyos salarios se solicita información estarían incluidas en el concepto de personal directivo, entendido como aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma".

La sentencia destaca asimismo la relevancia de que los ciudadanos conozcan los salarios "del presidente y directivos para que los puedan conocer cómo se manejan los fondos públicos".

Así lo indica el Consejo de Transparencia, que asegura que se trata de la tercera ocasión en que los tribunales le dan la razón en contenciosos interpuestos por organismos públicas en contra de sus resoluciones.

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