Cree que es una cantidad "fuera del alcance de la mayoría" pero no en relación a su "capacidad económica" y el "lucro de la actividad criminal"
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha confirmado la fianza de medio millón de euros que el juez Eloy Velasco impuso el 5 de diciembre pasado a Antonio García Escribano, uno de los presuntos testaferro del empresario Ángel de Cabo al que se le imputa un delito de blanqueo de capitales en el marco de la 'operación Crucero'.
Así consta en un auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en el que se señala que aunque se trata de "una cantidad importante y fuera del alcance de la mayoría de las personas", no lo es en relación a la "capacidad económica" del imputado y "habida cuenta el presunto lucro obtenido como consecuencia de la actividad criminal".
Los magistrados Ángel Hurtado (presidente), Julio de Diego y Enrique López (ponente) sostienen que la fianza de medio millón de euros impuesta por el juez instructor es acorde a "las características y la gravedad del delito imputado, la pena con que se le amenaza, las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado".
La misma Sala acordó el pasado lunes rebajar de 30 a 10 millones de euros la fianza que impuso el pasado 5 de diciembre al expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán, al que se investiga por haber vaciado su patrimonio para burlar a sus acreedores.
A cambio, De Cabo se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros. Según el tribunal, Díaz Ferrán se habría valido de "testaferros y complejas estructuras societarias creadas por Ángel de Cabo, algunas de ellas asentadas en paraísos fiscales extranjeros" tras ser asesorado por "personas de su confianza".
DENUNCIA DE LAS MAYORISTAS
El juez Velasco, que abrió esta causa tras admitir a trámite una denuncia presentada en febrero de 2012 por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, ordenó el pasado 5 de diciembre el ingreso en prisión de De Cabo y Díaz Ferrán tras imponerles sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros, respectivamente.
Al expresidente de la patronal se le imputan indiciariamente los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal.
El juez también envió a prisión a Losada, al que se impuso una fianza de 500.000 euros; el cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido; y los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano. La secretaria del liquidador, Susana Mora, quedó en libertad tras depositar una fianza de 3.000 euros y al fiscalista Rafael Tormo se le impusieron una serie de medidas cautelares.
Además, fueron imputados en este procedimiento Consuelo Garrido, mujer de De Cabo, el abogado Raúl Jiménez y los cuatro hijos de Gonzalo Pascual --Ignacio, José María, Gonzalo y Diana--.
