ESTRASBURGO (FRANCIA), 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo exigió hoy que la legislación comunitaria obligue a las compañías eléctricas a la separación patrimonial entre las actividades de producción y la gestión de redes con el objetivo de aumentar la competencia en el sector, evitar discriminaciones en el acceso a la red y favorecer las inversiones en infraestructuras. Con esta votación, los eurodiputados desafiaron el acuerdo alcanzado recientemente por los Veintisiete.
El pasado 6 de junio, los ministros de Energía de la UE llegaron a un acuerdo sobre el mercado interior de la energía que permitirá que convivan tres modelos: la separación patrimonial, que aplican ya países como España o Reino Unido: el sistema de operador independiente, basado en el modelo escocés, y que consiste en que los grandes grupos energéticos puedan seguir conservando la propiedad de la red pero cediendo su gestión a un operador independiente; y la "tercera vía", propuesta por Alemania y Francia y que permite que sigan existiendo empresas verticalmente integradas.
En contraste, la Eurocámara respaldó este miércoles la separación patrimonial como la única opción para las compañías de electricidad y rechazó las otras dos alternativas. La ponente parlamentaria en esta materia, la laborista británica Eluned Morgan, expresó su decepción por el acuerdo alcanzado por los Veintisiete y les acusó de plegarse a los intereses de Francia y Alemania, que a su juicio pretenden "proteger a sus campeones nacionales que quieren invertir en otros mercados pero impedir la entrada en el suyo".
El Parlamento y los Veintisiete deberán llegar ahora a un compromiso en segunda lectura sobre esta norma para que pueda entrar en vigor.
Los eurodiputados respaldaron el mecanismo propuesto por la Comisión para restringir la entrada en Europa de empresas energéticas extranjeras, como la rusa Gazprom o la argelina Sonatrach, con el objetivo de evitar que se aprovechen indebidamente de la liberalización del mercado interior y actúen por motivos políticos y no comerciales. De lo que se trata es de prohibir a las empresas extranjeras adquirir el control de infraestructuras energéticas europeas a no ser que exista un acuerdo bilateral específico entre la UE y el país de que se trate que garantice la plena reciprocidad.
Finalmente, el Parlamento apoyó crear una Agencia de Cooperación entre los reguladores nacionales en materia de energía aunque pidió que se le dote de más poderes que los que han pactado los Veintisiete.
