El proceso estaba parado desde diciembre por una denuncia de las hijas de Oubiña que veían afectados "sus derechos hereditarios"
LA CORUÑA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya, avanzó hoy en La Coruña que la Mesa de Coordinación del Plan Nacional sobre Drogas, responsable del proceso de enajenación del Pazo Baión a la familia Oubiña, se reunirá mañana para decidir la forma y los tiempos para retomar el proceso de adjudicación del mismo.
La mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Plan Nacional sobre Drogas sacó a la venta, mediante concurso público, los bienes decomisados en su día por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados a Laureano Oubiña y su esposa Esther Lago en Vilanova de Arousa (Pontevedra) el pasado 9 de noviembre de 2007 con un plazo para presentar candidaturas que expiraba el 2 de diciembre de ese mismo año.
El problema surgió cuando, dos días antes de que finalizara el plazo, las hijas de Oubiña solicitaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que suspendiera la enajenación "porque atentaba contra sus derechos hereditarios"; lo que obligó al Estado a paralizar el proceso a la espera de una sentencia.
No obstante, un informe redactado por el abogado del Estado y recién remitido, aconsejó a la Mesa de Coordinación que reiniciara el proceso de adjudicación porque, "de haber una eventual sentencia favorable para las herederas" --un hecho que Moya calificó de "muy difícil"--, ésta no perjudicaría en ningún caso a la empresa seleccionada, ya que sería la Administración central quien asuma la indemnización, por lo que "no tiene sentido" esperar a que se dictamine dicha sentencia.
Así Moya explicó que de todas formas será necesario reiniciar el proceso para informar a los interesados de la existencia de esta denuncia ante el tribunal de Estrasburgo para evitar la existencia de "terceros de buena fé"; y añadió que, de momento, se han presentado cuatro bodegas (Freixenet, Marqués de Riscal y las gallegas Martín Códax y Condes de Albarei), a las que ahora podrá sumarse alguna otra candidatura.
CONCURSO PÚBLICO.
Todos estos trámites implicarán que se tengan que publicar de nuevo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las condiciones necesarias para acceder al concurso, lo que conllevará un nuevo retraso en la expropiación, pero Moya avanzó que en unos meses podría finalizarse ya el proceso, por lo que la firma de las escrituras por parte de los nuevos propietarios podría ser en julio.
Por otro lado, Moya explicó que el Estado tomó la decisión de expropiar el pazo mediante concurso público y no por subasta, porque éste permite incluir algunas cláusulas para restringir la entrada de compradores con fines ilícitos.
De hecho, para acceder deberán ser empresas con una antigüedad en el sector vitivinícola de cuatro años y un volumen de facturación en los cuatro últimos años no inferior a cinco millones euros de promedio anual. Además tendrán que garantizar la preservación del uso vitivinícola del pazo, evitar fines especulativos y contribuir a la reinserción social de drogadictos.
La propiedad fue intervenida judicialmente en enero de 1995 por la Audiencia Nacional, cinco años después de la conocida Operación Nécora, que conllevó la detención de Oubiña y su mujer Lago. El pazo consta de 22 hectáreas de viñedos, una casa vivienda, y otra casa de tres plantas, cuadras, granja, embalses, prado, bodega y una explotación de 287 hectáreas de superficie.
El precio de licitación, según la disposición publicada en el BOE, es de 8,7 millones de euros. Los ingresos obtenidos por esta venta se destinarán a planes de prevención de drogodependencias.
