PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz parlamentario de Unió Mallorquina, Bartomeu Vicens, su mujer, Antònia Martorell, y la supuesta testaferro del matrimonio, Elisabeth Diéguez, llegaron en torno a las 10.00 horas a los juzgados de Vía Alemania de Palma para prestar declaración ante el juzgado de instrucción número 2 por su presunta implicación en la trama de corrupción urdida en los años noventa en torno a la gestación y explotación del polígono industrial de Son Oms.
Los tres imputados llegaron a las dependencias judiciales acompañados de los abogados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner. Vicens, preguntado por los medios de comunicación congregados sobre si colaborará con la justicia, el dirigente 'uemita' espetó: "claro, faltaría más", e inmediatamente accedió a los Juzgados. Vicens no podrá ejercer hoy su condición de portavoz en el Parlament durante la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Autonomía que se celebra hoy en la Cámara, por lo que será sustituido por el diputado Josep Melià.
En concreto, Diéguez será la primera de las personas imputadas en el caso que sean interrogadas a lo largo de esta mañana, ya que también están previstas las comparecencias de Martorell a partir de las 11.00 horas, y de Vicens desde las 12.00. Será juez Juan Ignacio López Sola, instructor de la causa, el encargado de tomarles declaración.
La Fiscalía afirma que Vicens creó la sociedad Metalumba en septiembre de 2002, siendo 'número dos' de UM, mediante la que cobró 700.000 euros procedentes del 15 por ciento de comisiones obtenidas a raíz de la recalificación del polígono, aprobada por el Consell de Mallorca en 1998. La empresa fue registrada a nombre de su mujer, mientras que Elizabeth Diéguez fue designada administradora única.
El juez decidió la semana pasada levantar el secreto del caso, días después de que se produjese el registro de las sedes de empresas presuntamente vinculadas a la trama así como de domicilios particulares de posibles testaferros.
En este contexto, una comisión judicial procedió a examinar las dependencias de un chalet y también un despacho del directivo de comunicación Alfredo Conde y de su esposa Elisabeth Diéguez, matrimonio al que recurrió Vicens para recuperar gran parte de las multimillonarias comisiones que pactó en los noventa a cambio de la recalificación de Son Oms y que hasta hace poco obraban en poder del abogado Jaime Montis.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado mes de mayo una querella criminal contra Vicens así como contra el también miembro de UM Maximilià Morales, y Jaume Montis. La Fiscalía investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono se cometieron delitos de alcance millonario por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas, mediante el cobro de comisiones por la recalificación de parcelas de suelo rústico a urbanizable.
Mientras tanto, mañana, un día después de la comparecencia de Vicens, será el turno de Montis y Morales, que también deberán prestar declaración ante el juez acerca de la trama político-empresarial. El Ministerio Fiscal investiga asimismo si el empresario y abogado Jaume Montis cobró comisiones de hasta el 15 por ciento a varios propietarios de fincas de la zona durante el proceso de recalificación del polígono.
