MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que el Gobierno no se exceda en las exigencias al transporte transfronterizo de papel moneda euro a las ya dictadas en el reglamento comunitario impulsado por el Banco Central Europeo (BCE), y que las autorizaciones para prestar este servicio se concedan en un plazo máximo de un mes.
Así figura en la iniciativa registrada por el portavoz de los socialistas en el Congreso, Rafael Simancas, y recogida por Europa Press, que se justifica en las dificultades que, según el reglamento comunitario sobre transporte profesional transfronterizo de fondos en euros entre Estados miembros, existen por las diferencias entre legislaciones nacionales.
"Ello a pesar de que esa situación es incompatible con el principio de la libre circulación del euro y va en detrimento del principio de libre prestación de servicios", apostillan los socialistas en su iniciativa.
Además, señalan que el propio BCE extiende la aplicación de esta normativa al transporte de papel moneda euro, obligando a las empresas autorizadas a utilizar las mismas medidas de seguridad y personal operativo armado, y que el reglamento no elimina la licencia de transporte de fondos nacional, obligatoria en la mayor parte de los Estados miembros participantes, ni armoniza las normas.
SOLO AUTORIZACIÓN, Y ANTES DE UN MES
En todo caso, según señalan los socialistas, "parece razonable que, al igual que han hecho otros Estados, cuando la actividad se realice al amparo del Reglamento aplicable al euro y, por extensión, al papel moneda euro, los Estados limiten su intervención para conceder la autorización".
Así, consideran que los Estados únicamente deberían asegurarse de que la empresa que lleve a cabo el servicio reúne las condiciones del Banco Central Europeo con su homologación y garantías equivalentes en su país de establecimiento a las exigidas, en este caso por España, sin que pueda exigirse nuevas y adicionales garantías.
Por ello, reclaman que la autorización por parte de las autoridades deberá acordarse de forma individualizada, en el plazo máximo de un mes, y en ella deberán determinarse "con precisión" los requisitos de número y condiciones del personal que participe, el itinerario y plazo máximo de ejecución, así como una advertencia de que su incumplimiento puede dar lugar a sanciones previstas en legislación española.
