MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
Repsol someterá al visto bueno de su junta de accionistas del próximo 30 de abril un cambio en sus estatutos que implica la retirada del blindaje estatutario aprobado hace un año en el que se elevaba al 75% el apoyo necesario del accionariado para una eventual escisión de las actividades de 'upstream' y 'downstream'.
Este blindaje, aprobado en la junta de accionistas del año pasado, fue considerado un movimiento para impedir que la petrolera mexicana Pemex, que por entonces tenía un 9,3% del capital y que ahora ha dejado de ser accionista significativo, pudiera promover una escisión de la compañía española.
En la información complementaria a la junta de este año, Repsol indica que someterá al visto bueno de los accionistas la eliminación de los puntos o) del Artículo 15 y del 2.g del Artículo 22, en los que se refuerzan las mayorías ante "la realización de cualquier operación" que tenga como objetivo hacer que la compañía deje de ser "una empresa integrada de hidrocarburos".
Estos artículos prevenían de operaciones de "escisión, segregación a favor de terceros o enajenación" que provocasen la "separación o división" de los negocios de 'upstream' y 'downstream', o la liquidación de los activos incluidos en estas actividades.
Repsol ha decidido ahora retirar estas cautelas porque quedan "absorbidas por otras rúbricas más genéricas", ya que la nueva ley "ha introducido una disciplica más severa en los conflictos de interés". Por este motivo, "no parece necesario" mantener este tipo de exigencias de mayoría, que podrían restar flexibilidad a la compañía.
Conforme a la nueva legislación, las decisiones sobre posibles escisiones de activos que supongan más del 25% de la compañía requieren la convocatoria de junta de accionistas, al tiempo que al votarse las mismas no podrán participar los accionistas que puedan incurrir en conflicto de interés.
Hace un año, en la junta de accionistas en las que se aprobó el blindaje 'antiPemex', el presidente de Repsol, Antonio Brufau, advirtió que esta medida tenía por objetivo que "quien quiera tener una parte del negocio tendrá que hacer una OPA", y aseguró que va dirigida a favorecer "la estabilidad institucional, los grandes consensos y proteger a las minorías".
