MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (Aneda) ha reclamado este sábado que se corrija el real decreto de alimentación saludable y ha advertido del riesgo de perder unos 2.000 empleos en el sector y unos 18 millones de euros al año en cánones en los hospitales y centros públicos.
Según las estimaciones del sector, la venta automática en hospitales y centros públicos genera en torno a 60 millones de euros anuales en cánones, mientras que la aplicación "estricta" de la norma podría reducirlos en unos 18 millones al año, de los que ocho millones corresponderían a hospitales y centros sanitarios y sociosanitarios, y poner en riesgo alrededor de 2.000 empleos directos e indirectos, apunta en un comunicado.
Además, señala que el sector comparte el objetivo de una alimentación más saludable, pero avisa de que el texto presenta "problemas jurídicos" y "no evalúa su impacto" sobre autónomos y pequeñas empresas.
Por ello, ha pedido al Gobierno que no apruebe de forma "precipitada" el 'Real Decreto sobre alimentación saludable y sostenible en centros públicos y sociosanitarios', impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y cuya aprobación en el Consejo de Ministros podría producirse de manera "inminente", y que "mantenga abierto el diálogo para corregir los aspectos" que afectan a la venta automática.
"Una norma aprobada con prisas y con problemas jurídicos que constan en su propia tramitación no va a mejorar la salud de nadie: va a generar litigios, máquinas vacías y menos servicio para quienes más lo necesitan", declara la directora general de Aneda, Yolanda Carabante.
Carabante pide que la alimentación saludable no se implemente "a costa de imponer medidas que ignoren la realidad del sector" y afirma que ya han presentado soluciones técnicas para "mejorar" el texto con el fin de que la norma sea "viable".
La asociación señala que en muchos hospitales, residencias y centros públicos las máquinas expendedoras son "el único" servicio de alimentación disponible por la noche, los fines de semana o cuando la cafetería está cerrada y que ofrece "una función complementaria, distinta de la alimentación pautada de pacientes y residentes", que debe ser tenida en cuenta al evaluar la norma.
Además, critica la "intensidad" de unas restricciones que considerable "especialmente difíciles de aplicar" en un servicio que no funciona como una cafetería o un comedor colectivo.
Por otro lado, Aneda pide que las nuevas exigencias puedan cumplirse con el parque de máquinas existente, con su actual distribución de zonas refrigeradas, mecanismos de dispensación y capacidad, ya que adaptar equipos, modificar surtidos y aumentar la frecuencia de reposición supondría inversiones y costes "significativos" que los autónomos y pequeños operadores, con menor capacidad financiera y presencia en ubicaciones de bajo consumo, son los que "menos margen tienen para asumir".
Asimismo, alerta de que imponer surtidos que no responden a la demanda "real" puede hacer "inviables" muchos puntos de servicio y provocar máquinas vacías y concursos públicos desiertos, apunta a varios "problemas jurídicos" que deben corregirse para no exponer la norma a su anulación ni dejar a centros y operadores en una situación de "inseguridad jurídica" y comparte que ha trasladado a varios ministerios una nota técnica con propuestas concretas que "resolverían estos problemas sin alterar los objetivos de salud pública del real decreto".
En concreto, menciona la ampliación a 24 meses del plazo de adaptación del 'vending', como recoge la propia memoria del proyecto frente a los 12 meses del articulado, y proteger los contratos en vigor.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado recientemente que este real decreto "es probablemente la medida más importante" que le queda a su Departamento por aprobar, ha reconocido que la norma "genera fuertes resistencias porque hay 'lobbys' que no tienen mucho interés" en que se apruebe y ha insistido en que "la norma esta lista".
