BRUSELAS, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea ha informado este jueves de la apertura de un expediente sancionador contra España al considerar que sus procedimientos de control de la seguridad ferroviaria "no cumplen los requisitos" que exige la normativa comunitaria.
Bruselas ve "deficiencias" en la forma en que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) "analiza e investiga los accidentes e incidentes", según ha informado la institución comunitaria en un comunicado.
También ve problemas en "las técnicas de supervisión" por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), indica el mismo comunicado sin dar más detalles de la infracción.
La apertura del expediente tiene la forma de una carta de emplazamiento --primer paso en el procedimiento de infracción--, que Bruselas ha remitido al Gobierno para que en el plazo de dos meses aclare la situación y ofrezca datos claros de las medidas correctivas que haya puesto en marcha.
Si los servicios comunitarios no dieran por buenas las explicaciones de España, podrían pasar a la segunda fase del expediente, un dictamen motivado que da otros dos meses al Estado miembro para corregir el problema, periodo tras el cual la Comisión podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).
Esta decisión ha sido especialmente celebrada por la asociación de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en 2013 y por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, quien en declaraciones a la prensa desde Bruselas ha dicho que es una noticia "muy esperanzadora" para las víctimas.
Miranda, que denunció en julio de 2017 el incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de seguridad ferroviaria, ha vinculado directamente la decisión del Ejecutivo comunitario con irregularidades en el momento del accidente.
"Se analiza la situación actual sobre el estado de la legislación comunitaria, pero esto quiere decir que tampoco en el accidente del Alvia se cumplía, en 2013", ha opinado la eurodiputada.
Desde el Ejecutivo comunitario, sin embargo, defienden que se trata de dos asuntos que no están vinculados, a pesar de que Bruselas esté "plenamente" al tanto de lo ocurrido en Angrois y ha tomado medidas para asegurar una investigación independiente sobre lo ocurrido.
"Déjenme dejar claro que este es un ejercicio que hacemos porque la seguridad ferroviaria es una de nuestras prioridades y trabajamos constante trabajando con las autoridades nacionales y con la agencia europea para garantizar los más altos estándares", ha sostenido el portavoz de la Comisión Europea de Transportes, Enrico Brivio.
Brivio ha querido así desvincular el dossier del accidente en Angrois, del que ha dicho que Bruselas está perfectamente informado, pero que son "dos ejercicios diferentes" de análisis y que sobre el accidente son las autoridades nacionales las encargadas de investigar.
También ha indicado que el expediente es el resultado de una evaluación a la que la Comisión Europea ha sometido no solo el sistema español, sino también el de "otros Estados miembros", que no ha precisado.
La carta que la Comisión Europea ha remitido al Gobierno pidiendo explicaciones por las deficiencias detectadas en los protocolos de investigación y las técnicas de supervisión no se ha hecho pública.
"Se trata de una evaluación de la situación actual y de algunas deficiencias específicas", ha repetido el portavoz comunitario, quien ha insistido en que el procedimiento que abre Bruselas tiene que ver más con "procedimientos administrativos" y "no está vinculado específicamente a ningún accidente concreto".
AUDITORÍA A LA AGENCIA, ADIF Y CETREN
Las víctimas del accidente que dejó 80 muertos y 140 heridos se han dirigido en reiteradas ocasiones a las instituciones europeas en busca de amparo, aunque la Comisión Europea se ha mostrado siempre prudente y remitido a las autoridades nacionales como responsables de investigar lo sucedido.
Con todo, el Ejecutivo comunitario afirmó que tomaría medidas para garantizar que se llevara a cabo una investigación "independiente" y pidió a la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés) que examinase el cumplimiento en España de la legislación ferroviaria de la Unión Europea.
En febrero del año pasado, un equipo de la ERA estuvo en misión de auditoría en Madrid para recabar información. Visitaron la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Adif y el organismo notificado (Notified Body) Cetren, según informaron en su día fuentes consultadas por Europa Press.
Entre otras cuestiones, estudiaron cómo Cetren realiza su cometido de verificar la interoperabilidad, conforme a normativa europea, de varias líneas, incluida la de Ourense-Santiago, donde se produjo el siniestro que en julio de 2013 se saldó con 80 muertos y 144 heridos.
Esta línea, pese a ser inaugurada en 2011, carecía del certificado europeo de interoperabilidad. El administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) no lo encargó hasta septiembre de 2016 y actualmente todavía no dispone de él.
En lo que respecta a la investigación de accidentes, Bruselas ya abrió un anterior expediente a España por entender que la CIAF no funcionaba de manera independiente, tras lo cual el Ejecutivo español modificó la norma en que se nombra a sus responsables.
