MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, acusó hoy al Gobierno de "dejación de funciones importante" ya que, en este tercer día de huelga, no está garantizando "el derecho de todos los consumidores a poder comprar" porque hay falta de "productos básicos como huevos, leche, pan de molde o productos infantiles".
En declaraciones a Europa Press Televisión, denunció que los consumidores están llevando "muy mal" esta huelga de transportistas por estos problemas de desabastecimiento en mercados en grandes superficies o en gasolineras. Además, recordó que el Ejecutivo anunció que garantizaría este abastecimiento pero, en su opinión, "está tardando mucho".
Sin embargo, subrayó que "no hay que dramatizar si se come arroz dos días" y no recomendó a los consumidores que hagan acopio de productos porque "puede provocar un movimiento especulativo, que suban los precios y que algún establecimiento saque las reservas y lo venda a precio más elevado". "No hay que hacer acopio partiendo de la premisa de que el Gobierno nos debe garantizar ya el abastecimiento, se tiene que poner manos a la obra y que no falte ningún producto básico", agregó.
Por otra parte, señaló que no comparten "en absoluto" las reivindicaciones de los transportistas, pero las aceptan. Explicó que establecer precios mínimos en un mercado de libre competencia "no da cabida y va en contra de las normas" y rechazó que se establezca un gasóleo profesional "para que lo subvencionemos el resto de los ciudadanos".
"Muchos consumidores también son profesionales del volante porque necesariamente deben utilizar su coche porque residen lejos de donde trabajan y no hay transporte público alternativo", argumentó.
En este sentido, apuntó que este derecho a huelga se está ejerciendo "de una manera coactiva" y recordó que los piquetes, "llamados eufemísticamente informativos, no pueden coartar el libre tránsito de los personas ni pueden obligar a otros transportistas que no quieren a hacer huelga". "La coacción en España es un delito y las fuerzas de seguridad deben controlarlo", añadió.
Finalmente, Izverniceanu incidió en que el Gobierno debe negociar "hasta el final" porque la huelga "debe ser lo último" y reconoció que, en este caso, no les consta que haya agotado todas las vías de negociación.
