MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace, Ecologistas en Acción y WWF/Adena reclamaron hoy al Ministerio de Medio Ambiente que los informes negativos que publican las confederaciones hidrográficas sobre el crecimiento urbanístico sean vinculantes "en la práctica" y puedan impedir la construcción en aquellas localidades que no tienen garantizado el suministro de agua potable. Según publicó hoy El País, este es el caso de 300.000 viviendas en 128 municipios españoles.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Greenpeace en materia de Agua, Julio Bareas, recordó que "los recursos hídricos son los que hay y llegará un momento en se toque techo definitivamente", un momento que se está precipitando porque "las comunidades autónomas siguen adelante" con los proyectos urbanísticos sin tener en cuenta los recursos disponibles.
"Este problema no sólo ocurre en la costa sino también en el interior" y supone que se está contando con "un agua virtual que en la mayoría de los casos se acaba trayendo de forma legal o ilegal mediante el expolio de los caudales públicos" que son los "pozos ilegales", apuntó Bareas.
Por ello, concluyó, "los informes de las Confederaciones deberían ser vinculantes ya que se trata de un freno físico real al crecimiento urbanístico y hay que tenerlo en cuenta".
Por su parte, el portavoz de WWF/Adena, Guido Schmidt, declaró a Europa Press que estos informes deberían ser considerados vinculantes "desde el momento en que tienen un efecto sobre el consumidor final" que adquiere una vivienda para la que no hay agua potable garantizada.
"No se puede entender que se siga construyendo una casa cuando no hay agua para ella", apuntó Schmidt, para quien esto "refleja los efectos secundarios del boom urbanístico, que no sólo se dan en materia de agua sino también en abastecimiento energético y atención sanitaria".
"En muchos casos el abastecimiento de agua será ilegal" ya que en España "existen 510.000 pozos ilegales y se perforan más", y en otros, ocurrirá "lo que en Seseña, donde pese a los informes se tiró para alante con las obras y luego no había agua".
De otro lado, Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, habló de "delitos". La organización considera "escandaloso, inaceptable e incluso delictivo" que algunos ayuntamientos den luz verde al crecimiento de ciertas urbanizaciones cuando las Confederaciones Hidrográficas han dado informes negativos al respecto.
Dichos informes, recurda la ONG, "sí son vinculantes en cierto sentido porque se elaboran de acuerdo con los planes hidrológicos de cuenca y su inclumplimiento es ilegal". Sin embargo, "las administraciones públicas deben dejar claro que es vinculante y tomar las medidas para evitar su violación", denunció Martín Barajas.
