SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible pondrá a disposición del sector productivo andaluz 248 fincas del extinto Instituto Andaluz de la Reforma Agraria (IARA) que permanecen vacantes por no encontrarse ocupadas por terceras personas con título jurídico habilitante otorgado por la administración autonómica. En total, estas tierras superan las 4.900 hectáreas y están valoradas en cerca de 49 millones de euros.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto de la Consejería de Agricultura que desarrolla el procedimiento de enajenación de estos terrenos y que materializa el compromiso del Ejecutivo autonómico de movilizar y rentabilizar todos los recursos de que dispone, con el objetivo de fomentar la generación de empleo y riqueza en Andalucía en el contexto actual derivado de la pandemia por Covid-19.
La nueva norma regula los diferentes procesos a desarrollar con el fin de poner el patrimonio agrario de la Junta a disposición del sector productivo de la región. En primer lugar, el Gobierno andaluz apuesta por dar preferencia a los ayuntamientos en el acceso a las tierras públicas vacantes que se encuentran en su término municipal o en áreas colindantes.
Según el Ejecutivo andaluz, ello permite que sean las entidades más próximas a los terrenos y a los ciudadanos las encargadas de intermediar con los operadores locales para que estas fincas acojan proyectos que dinamicen el medio rural y generen empleo en la zona. Para favorecer esta vía de adjudicación, la legislación establece una reducción del 30% con respecto al valor de tasación si se acredita que la finca se destinará a una iniciativa de interés social.
En el caso de que algún terreno quede aún vacante, la Junta activará un procedimiento abierto que contará con garantías respecto a la igualdad, la concurrencia y la publicidad del proceso. Si hubiera más de una solicitud para la misma parcela, la Administración analizará el plan de explotación que debe acompañar a la petición de compra y valorará, entre otras cuestiones, la consecución de objetivos de relevancia para el sector agrario y la sociedad andaluza como, por ejemplo, el acceso a la tierra por parte de jóvenes (18-40 años) interesados en incorporarse a esta actividad con proyectos que incidan en la vertebración del medio rural y que generen empleo. Además, priorizará aquellas iniciativas agrícolas y ganaderas basadas en modelos más respetuosos con el medio ambiente, como las producciones ecológica e integrada.
Como tercera opción, la normativa contempla la convocatoria de sucesivos concursos públicos en los que el precio de adquisición podría ir disminuyendo hasta un mínimo del 25%. En última instancia, el decreto contempla la posibilidad de que, excepcionalmente, determinadas personas jurídicas o físicas accedan a estas parcelas si cumplen ciertas condiciones basadas en razones objetivas. Éste podría ser el caso de solicitantes que no dispongan de título administrativo para el uso de la tierra, pero hayan consolidado su presencia dado el largo tiempo transcurrido desde que accedieran a ella de forma pacífica, pública y de buena fe, si bien será necesario regularizar la situación mediante el arrendamiento del terreno hasta que se produzca la enajenación.
La Consejería de Agricultura ha tramitado esta norma respetando los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, transparencia, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Además, el decreto garantiza la seguridad jurídica de las personas que se acojan al procedimiento de enajenación de tierras públicas vacantes de Andalucía, al desarrollarse de forma coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y, por tanto, configurar un marco normativo estable e integrado.
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
La Consejería de Agricultura publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y en el Catálogo de Procedimientos y Servicios del Portal de la Junta de Andalucía la relación de tierras o parcelas que queden disponibles tras su oferta a los ayuntamientos correspondientes. De esta forma, podrá iniciarse el procedimiento abierto de adjudicación en el que podrá participar cualquier persona física o jurídica interesada en acceder a estos bienes de la Junta.
Con la difusión de este listado, que incluirá el valor de cada terreno y la documentación a aportar en cada caso, dará comienzo un plazo de dos meses para realizar la petición de adquisición de las tierras. Los solicitantes deben presentar, entre otros documentos, un plan de explotación que debe incluir una declaración responsable expresa de la dedicación de las tierras a la agricultura o la ganadería en el caso de resultar adjudicatario, las actuaciones realizarán en el terreno y una previsión de generación de empleo y mano de obra.
Además, para participar en este procedimiento, es necesario contar con una garantía cuyos detalles se concretarán en la correspondiente convocatoria pero que, en cualquier caso, se encontrará entre el 5% y el 25% del valor de tasación de las tierras.
Si se presentan varias solicitudes relativas a una misma parcela o finca, se priorizarán, por ejemplo, los proyectos que implican a un mayor número de jóvenes, los que apuestan por producciones más sostenibles y las iniciativas que parten de una cooperativa agraria de explotación y comercialización común de la producción. Asimismo, tendrán preferencia las solicitudes presentadas por mujeres a título individual. En el caso de que se trate de personas físicas, la puntuación aumentará en función de la mayor presencia de mujeres entre los asociados de la entidad interesada en acceder a las tierras.
