SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado este miércoles a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a iniciar los trámites necesarios para que la comunidad cuente con un Comisionado que dirigirá, coordinará y supervisará las funciones de la Oficina Andaluza por el Cambio Climático.
En rueda de prensa, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, han explicado que con este fin se creará una plaza específica para personal funcionario de máximo nivel en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a partir de enero de 2020.
La Ley de Cambio Climático, aprobada hace un año por unanimidad de los grupos parlamentarios, tiene por objeto incorporar un conjunto de medidas destinadas a la lucha contra las causas y consecuencias del cambio climático. Esta norma establece la creación de una unidad administrativa que supervise las funciones de la Oficina Andaluza por el Cambio Climático.
El Comisionado determinará, en función de las necesidades detectadas, la dotación de medios humanos y técnicos de la Oficina Andaluza para el Cambio Climático, que quedará integrada en la estructura de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, bajo la dependencia de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.
Entre las labores asignadas a la Oficina Andaluza para el Cambio Climático figuran la elaboración de informes de seguimiento de los objetivos, medidas y actuaciones establecidas en el Plan Andaluz de Acción por el Clima. También le corresponderá elaborar el Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y realizar actividades de formación y asesoramiento para el desarrollo y planificación de actividades en materia de mitigación, comunicación y adaptación al cambio climático.
Igualmente, habrá de formular los criterios para la elaboración de proyectos de fijación de carbono en espacios naturales protegidos y tendrá que servir de plataforma para la transferencia de información, desde los centros productores de conocimiento hasta los responsables de gestión.
El Estatuto de Autonomía de Andalucía exige que los poderes públicos adopten medidas y estrategias dirigidas a la acción frente al cambio climático. Andalucía, por sus condiciones físico-naturales y socioeconómicas, es una región "especialmente vulnerable a este problema".
El modelo económico andaluz tiene una "alta dependencia" de las condiciones climáticas --agricultura y turismo-- y la población se enfrenta al rigor de un clima ya de por sí caracterizado por episodios de altas temperaturas y escasez de recursos hídricos.
Así, Andalucía se propone erigirse ante Europa en punta de lanza, a través de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de Medidas frente al Cambio Climático y para la Transición hacia un Nuevo Modelo Energético en Andalucía, para ser un "referente nacional y europeo en la lucha contra este fenómeno global".
La norma pone el foco en los municipios, pues todos estarán obligados a elaborar y aprobar los planes municipales contra el cambio climático, complementarios al Plan Andaluz de Acción por el Clima.
