JAÉN, 15 May. (EUROPA PRESS) -
El diputado nacional y presidente provincial del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ha instado a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a que pida perdón a los agricultores y ganaderos de la provincia de Jaén por anunciar una campaña de inspección extraordinaria para detectar casos de "esclavitud o prácticas similares".
"Las declaraciones de la ministra de Trabajo nos provocan sonrojo y nos dan vergüenza, porque evidencia con las mismas que no conoce en absoluto ni el mercado laboral y mucho menos el sector agrícola", ha indicado Requena en un comunicado.
Ha añadido que las declaraciones de la titular de Trabajo "son de una bajeza política asombrosa" puesto que "prácticamente los acusa de esclavizar a los trabajadores del campo". Requena las ha rechazado "de una forma tajante y rotunda" y le ha exigido que pida "disculpas de inmediato".
"Lo que tenemos son empresarios agrícolas de primer nivel que, a pesar, de la escasa rentabilidad que el campo les ofrece, han estado dando la talla en los momentos más difíciles que este país ha vivido en los últimos años, generando empleo, dando trabajo en el campo y manteniendo, como servicio básico y esencial, la producción agrícola de este país durante la crisis sanitaria, social y económica que ha generado el covid-19", ha dicho el dirigente popular.
Ha lamentado que pese a la crisis de precios como la que vive el sector olivarero de la provincia de Jaén haya ministros "dedicándose a intentar criminalizar a los empresarios agrarios y con ello trasladar una imagen que para nada se corresponde con la realidad".
Para Requena, es "inaceptable" el cuestionario que ha enviado la Ministra a los inspectores de Trabajo con preguntas que corresponden a "alguien que obra de mala fe, movida por un sectarismo ideológico inadmisible y un desconocimiento absoluto de la realidad".
También ha solicitado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "intervenga de forma inmediata y salga a la defensa del sector", para que se proceda a la retirada de "una instrucción desafortunada y dañina", ya que "criminaliza de forma general a un sector estratégico para España".
