Publicado 17/06/2020 11:32CET

La financiación del Tercer Sector se incrementa en 53 millones de euros en 2020 hasta casi 398 millones

Decenas de mujeres esperan en las inmediaciones de la Parroquia Santa María Micaela y San Enrique donde la Fundación Madrina reparte diariamente unas 200 bolsas a madres y sus bebés. En Madrid, (España), a 12 de junio de 2020.
Decenas de mujeres esperan en las inmediaciones de la Parroquia Santa María Micaela y San Enrique donde la Fundación Madrina reparte diariamente unas 200 bolsas a madres y sus bebés. En Madrid, (España), a 12 de junio de 2020. - Jesús Hellín - Europa Press

   MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La financiación del Tercer Sector se ha incrementado en 53 millones de euros en 2020 hasta los 397,7 millones, de los cuales, 363,8 millones se recaudaron a través de la casilla del 0,7% del IRPF, la conocida como 'X solidaria' --un 5,6% más que el año anterior--, y 33,9 millones, a través de la nueva financiación del 0,7% del Impuesto de Sociedades, que el Gobierno ha decidido repartir entre las ONG de acción social, organizaciones ecologistas y de cooperación.

   Del total de 397,7 millones de euros, las ONG de acción social recibirán este año 309,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,4% con respecto a 2019 (41,3 millones más), según indica el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en un comunicado. Si bien, las organizaciones han protestado porque consideran que el Gobierno les ha "recortado" su financiación al establecer un nuevo reparto de los fondos.

   En concreto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha decidido repartir los fondos recaudados de la nueva casilla solidaria de las empresas (del 0,7% del Impuesto de Sociedades) entre las ONG de acción social, las organizaciones medioambientales y las de cooperación, cuando las primeras creían que esos fondos iban a ir destinados exclusivamente a ellas.

   Por otro lado, las ONG de acción social se han quejado porque el Gobierno ha modificado el reparto porcentual del 0,7% del IRPF. Así, este año, la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha propuesto en el Consejo Territorial aumentar el tramo autonómico del IRPF, pasando del 81,1% al 85,1%) y disminuir en cuatro puntos el tramo estatal, que pasa del 18,9% al 14,9%.

   Derechos Sociales explica que el objetivo de incrementar el tramo estatal, es decir, el dinero que llegará a las ONG estatales, es "que las comunidades autónomas puedan distribuirlos entre las entidades del Tercer Sector de su territorio, para desarrollar programas de intervención directa que beneficiarán a la población vulnerable, y en particular a la más afectada por las consecuencias del COVID-19".

   Pese a este recorte del porcentaje destinado al tramo estatal, la Vicepresidencia de Derechos Sociales destaca que la financiación de las entidades estatales aumenta en 18,6 millones, hasta llegar a los 68,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 37,3%, "el mayor de todos los grupos de entidades que forman el Tercer Sector del conjunto del país", según subraya.

   Por su parte, las ONG de cooperación internacional recibirán del reparto de los fondos (tanto del IRPF como del Impuesto de Sociedades) un total de 76,7 millones de euros, lo que significa un incremento del 15,6% con respecto a 2019 (10,3 millones más); y el Tercer Sector de entidades ambientales, recibirá 11,3 millones de euros, 1,5 millones más que el año anterior.

   La Secretaría de Estado de Derechos Sociales valora "extraordinariamente" el trabajo de las entidades de todo el Tercer Sector, "que junto a los Servicios Sociales públicos están desempeñando un papel fundamental para hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis sanitaria" provocada por la pandemia del Covid-19.

   Además, destaca que el Gobierno ha reforzado los servicios públicos con un Fondo Social Extraordinario de 300 millones para hacer frente a los gastos sociales extraordinarios de la crisis sanitaria, con otro fondo de 25 millones para asegurar la alimentación de niños y niñas afectados por el cierre de los centros escolares, además de permitir a los ayuntamientos destinar otros 300 millones de su superávit de 2019 a servicios sociales.