MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
Más de 4.500 personas fueron internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid y Barcelona durante el año 2013, casi 3.000 en el de Aluche y 1.548 en el de la Zona Franca, según el informe de la ONG jesuita Pueblos Unidos titulado 'CIE, Criminalizados, Internados, Expulsados', en el que denuncian un "abuso" del internamiento de extranjeros.
El estudio ha sido realizado a partir de los datos extraídos de un total de 1.240 visitas a 300 internos en el CIE de Aluche (Madrid), de los que un 78% eran hombres y un 23% habían llegado recientemente a España. Más de la mitad de ellos carecía de antecedentes penales.
A pesar de que la mayoría carece de estos antecedentes, la ONG denuncia que "el discurso de la Policía y del Ministerio del Interior criminaliza a los inmigrantes retenidos en los CIE para asentar en la opinión pública la idea de que solo se expulsa a delincuentes ilegales y muy peligrosos". En este sentido, advierte de que el concepto policial de 'expulsiones cualificadas' "infla las cifras, incluyendo meras denuncias o antecedentes policiales".
Además, de los datos se desprende que "se sigue deteniendo a los inmigrantes mediante identificaciones en la vía pública o en medios de transporte" y que solo en 37 casos la detención se produjo tras una denuncia, un operativo policial o durante su estancia en prisión.
Asimismo, calculan que un 37% de los internos que han visitado fueron puestos en libertad frente a un 35% de expulsados. Esto demuestra, según indica el informe, que "se abusa del internamiento como medida cautelar, sin que en muchos casos haya perspectivas razonables de que vaya a poder ejecutarse dicha expulsión". De hecho, apuntan que si no se produjera este "abuso", se reduciría "significativamente" el número de personas internas.
El informe subraya que el internamiento debe ser "el último recurso", una medida "cautelar" que debe utilizarse exclusivamente cuando exista necesidad de ejecutar coactivamente la expulsión y que sólo debe aplicarse cuando hayan sido exploradas alternativas al internamiento. Ninguna de las personas visitadas para el estudio había tenido la opción del retorno voluntario.
También han detectado entre los inmigrantes internos en el CIE, circunstancias personales que "cuestionan desde el principio su internamiento": posibles refugiados, siete casos de posibles menores todos ellos jóvenes africanos llegados a España en patera, 28 mujeres que han podido ser víctimas de trata o haber sufrido violencia sexual, 67 migrantes con hijos menores, y 17 personas enfermas.
Entre las quejas recibidas durante 2013, destaca la de "desatención sanitaria" pues no se hace un diagnóstico de la salud de las personas que ingresan, el CIE carece de enfermería y se atiende a los enfermos desde detrás de una raya pintada en el suelo para guardar la "distancia de seguridad". Además, los autores del informe sospechan sobre medicación con ansiolíticos para tranquilizar a los internos.
SE SIGUEN PRODUCIENDO AGRESIONES FÍSICAS
Igualmente, han constatado que "se siguen produciendo agresiones físicas" a los internos y, aunque precisan que son casos aislados llevados a cabo por un número reducido de policías, apuntan que estos hechos "no son perseguidos por el resto de policías ni por sus mandos y se intenta evitar a toda costa que puedan ser investigados o juzgados".
Concretamente, el informe revela que el detonante de estas agresiones puede ser la desobediencia de una orden --hay que tener en cuenta que la mayoría de los inmigrantes no entienden el castellano y carecen de traductor-- y que la mayor parte de las agresiones se producen en el aeropuerto cuando el interno o interna se ha resistido a volar.
Sobre el nuevo reglamento de los CIE, la abogada de Pueblos Unidos y Servicio Jesuita a Migrantes, Cristina Manzanedo, ha manifestado su rechazo a que las cámaras pasen a ser optativas pues Pueblos Unidos pide su uso obligatorio no solo para visualización sino también para grabación También echan en falta un sistema de garantía de quejas y una clarificación de los criterios de ingreso que queda "en un limbo".
Por su parte, el coordinador de Incidencia Pública de Pueblos Unidos, Daniel Izuzquiza, ha reclamado "un cambio efectivo de modelo en el régimen de internamiento superando el modelo meramente policial existente en la actualidad" y un "cumplimiento escrupuloso de la normativa vigente" de forma que el internamiento sea la "última medida".
LLAMADA A LA RESPONSABILIDAD DE JUECES Y ABOGADOS
En el capítulo de recomendaciones, los redactores del informe llaman la atención no solo al Ministerio del Interior sino también a los Juzgados, los abogados y la Fiscalía y proponen una serie de mejoras hasta que se decrete el cierre de los CIE.
Así, piden que se estudie el traslado de competencias sobre internamiento desde los Juzgados de Instrucción a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y que se refuerce la formación de los jueces que, según ha señalado Izuzquiza, "a veces" parece que dicten el internamiento "a ciegas" sin saber en qué consiste.
También han hecho una llamada a la responsabilidad a los abogados que "en muchas ocasiones, no están haciendo bien su tarea" pues, por ejemplo, en casos de inmigrantes con hijos menores a su cargo, el letrado no ha presentado el certificado de ese hijo menor.
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