MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Kenia ha incumplido su compromiso de impartir justicia para las víctimas de la violencia postelectoral, según aseguró hoy la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW), que afirma que un tribunal nacional independiente con participación internacional es la mejor opción para comenzar a establecer las responsabilidades correspondientes.
El pasado 30 de julio, el Consejo de Ministros de Kenia anunció que, contrariamente a los acuerdos anteriores, no establecería un tribunal especial, sino que se trasladará al sistema judicial nacional "reformado" para investigar y juzgar a los autores de esta violencia.
"Llevar la justicia a estas víctimas es la prueba más urgente de la voluntad de la coalición gubernamental para resolver la crisis de Kenia", afirmó la directora para África de HRW, Georgette Gagnon. "El Consejo de Ministros acaba de fallar esta prueba", añadió.
Según la organización, el anuncio del 30 de julio es un cambio de sentido de la anterior posición del Gobierno de que el sistema de justicia está profundamente dañado y que los tribunales normales probablemente no puedan llevar a los políticos y a los responsables gubernamentales ante la justicia. La recomendación de la Comisión Waki sobre la Violencia Postelectora, que el Gobierno aceptó y prometió implantar en diciembre de 2008, pretendía establecer un tribunal especial independiente del Tribunal Supremo y con participación internacional para investigar y juzgar a los sospechosos.
"El argumento para crear un tribunal especial siempre ha sido que a la judicatura keniana le falta independencia, y las reformas necesarias de raíz de todo el sistema judicial llevarán años", afirmó Gagnon.
El pasado 3 de julio, el Gobierno keniano acordó con el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya que, a finales de septiembre, dispondría de puntos claros para un "tribunal especial u otros mecanismos judiciales adoptados por el Parlamento de Kenia". El Gobierno había acordado que si no había acuerdo parlamentario sobre este mecanismo, referiría el mismo a La Haya.
El Parlamento rechazó la legislación que establecía el tribunal especial en febrero y, desde entonces, no ha habido un debate parlamentario, y menos para tratar sobre la cuestión de cómo tratar a los sospechosos.
"Después de meses de retraso, el Consejo ha declarado finalmente que no está preparado para llevar a cabo la tarea principal para la cual fue formada la coalición gubernamental: terminar con décadas de impunidad en el país", afirmó Gagnon. "La única opción creíble para el Gobierno se gane la confianza de la sociedad es establecer inmediatamente el tribunal especial o referir los casos al TPI", añadió.
Cualquier mecanismo judicial adoptado por el Parlamento de Kenia debería adoptar las recomendaciones de la Comisión Waki y las normas internacionales, especialmente, que debería ser independiente del Tribunal Supremo y del fiscal general y que las disposiciones de inmunidad deberían ser retiradas, entre otras.
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