MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La filósofa Adela Cortina acuñó hace más de 20 años la palabra 'aporofobia' --fobia a las personas pobres-- y la RAE la introdujo en su diccionario digital a finales de 2017. Ahora, el Gobierno ha aprovechado la Ley de Protección a la Infancia aprobada este martes para tipificar como delito de odio la aporofobia. La filósofa afirma que es "de justicia" que estas acciones de maltrato se incorporen al Código Penal.
"Que se incluya la aporofobia en el conjunto de delitos de odio creo que es una medida de justicia, porque la regulación en estos casos se debe al interés del Estado de proteger a colectivos desfavorecidos, cuya vulnerabilidad resulta de la propia realidad social", ha señalado en declaraciones a Europa Press la filósofa.
El Ejecutivo ha aprobado en Consejo de Ministros la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, y su remisión al Congreso para la tramitación parlamentaria. En el texto, se da una nueva regulación a los delitos de odio, incluyendo la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales.
Cortina ha recordado cómo entre los delitos de odio tipificados figuraban ya los dañados por racismo, antisemitismo, ideología, religión o creencia, situación familiar o pertenencia a una etnia, raza o nación, entre otros, si bien la aporofobia "quedaba excluida", cuando reunía "todos los requisitos" para formar parte de esta tipificación.
"Lo cierto es que se entendía que la motivación de la acción para considerarla como delito de odio es en estos casos el odio o desprecio al grupo por ser diferente y, por otra parte, el bien jurídico que se protege en estos casos es la dignidad de la persona. Todos estos requisitos se cumplen también en el caso del daño causado al pobre por serlo y por encontrarse indefenso, sobre todo en el caso de las personas sin hogar", ha apuntado.
FUNCIÓN PEDAGÓCIGA Y ÉTICA
La filósofa ofrece tres razones "al menos" para incluir el maltrato al pobre como delito de odio. Una de ellas es porque entiende preciso "proteger el bien jurídico que es la dignidad de la persona". Asimismo, por el hecho de que el Derecho "tiene también una función pedagógica y ésta es una forma de comunicar que una sociedad rechaza estas actuaciones contra los más desprotegidos".
"También porque se prepara con mayor intensidad a las fuerzas de seguridad del Estado para que estén alerta ante posibles daños que se causan a los más vulnerables. Para una sociedad democrática es esencial cuidar de que no sean lesionadas las personas sin hogar y de que reciban apoyo unas víctimas que habitualmente ni siquiera denuncian", ha apuntado.
Cortina ha reiterado la importancia de que todas estas acciones estén acompañadas del "intento decidido" de acabar con la pobreza involuntaria ('Pobreza 0') y de programas para lograr que nadie quede sin hogar. "Los ayuntamientos, junto con organizaciones solidarias, como RAIS o Asís, entre otras, tienen que llevar adelante programas como 'Hogar, sí'", ha concluido.
