Protección de la infancia y de la familia y los derechos de las mujeres centran los mayores incumplimientos.
MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
España se encuentra entre los países incumplidores de la Carta Social Europea, según el informe presentado por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que recoge 384 conclusiones de no conformidad que afectan a una treintena de países europeos. La protección de la infancia, los derechos de las mujeres empleadas y la protección social a la familia son algunos de los aspectos donde se aprecian mayores incumplimientos.
Además de España, entre los países incumplidores se encuentran Alemania, Países Bajos, Suecia, Reino Unido, Austria, Malta, Montenegro o Rumanía.
En cuanto al derecho de los niños y jóvenes a la protección, el Comité ha observado en varios Estados Partes una prohibición "inadecuada" del empleo de menores de 15 años y una vigilancia insuficiente del trabajo infantil. El CEDS recuerda que las excepciones se refieren a los niños empleados en trabajos ligeros prescritos, que no entrañan ningún riesgo para la salud, el bienestar moral, el desarrollo o la educación de los niños. Sin embargo, "la duración diaria y semanal de ese trabajo para niños menores de 15 años era excesiva en varios estados, permitiéndose más de 6 horas al día y 30 horas a la semana durante las vacaciones escolares". Además, el Comité concluyó que en ciertos estados "a los niños que todavía estaban sujetos a educación obligatoria no se les garantizaban dos semanas consecutivas de descanso durante las vacaciones escolares".
La Comisión lamenta que, en el contexto del derecho de los niños a ser protegidos contra peligros físicos y morales dentro y fuera del entorno laboral, muchos países no hayan informado sobre cuestiones como "la protección de los niños frente a todos formas de violencia, explotación y abuso en el entorno digital, en particular explotación y abuso sexuales y solicitación con fines sexuales (grooming)".
PERMISOS DE MATERNIDAD
En lo concerniente a los derechos de las mujeres empleadas al permiso de maternidad y a las prestaciones laborales, los principales motivos de disconformidad encontrados por el CEDS estaban relacionados con una protección inadecuada contra el despido durante el embarazo o durante el permiso de maternidad y con los límites máximos en el importe de la compensación que pueden se concederá en caso de despido improcedente.
En cuanto al derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica (artículo 16), el Comité observó que en varios países la igualdad de trato de los nacionales de otros Estados en lo que respecta al pago de prestaciones familiares no está garantizada debido "al requisito de duración excesiva de la residencia y que las prestaciones familiares no cubren a un número significativo de familias". Además, también le preocupa "la débil" protección jurídica de las personas o familias amenazadas de desalojo.
Respecto a las garantías previstas en el artículo 31 de la Carta, la Comisión tomó nota de la falta de recopilación de datos sobre el tiempo medio de espera para la asignación de viviendas sociales , así como de una oferta "inadecuada de viviendas sociales, de remedios ineficaces para los tiempos de espera excesivos para las viviendas sociales vivienda, o discriminación en el acceso a la vivienda social".
Además, el Comité concluyó que en ciertos países la protección de la conciliación de la vida laboral y privada tanto para mujeres como para hombres "era inadecuada y que los períodos de ausencia del trabajo de los trabajadores con responsabilidades familiares no se consideran pensionables".
Sin embargo, el CEDS observó con satisfacción la evolución positiva de la legislación destinada a ayudar a llevar ante la justicia a los autores de violencia doméstica. En algunos países, las víctimas y supervivientes de la violencia doméstica tienen derecho a una licencia remunerada específica con el fin de abordar los problemas resultantes de la violencia doméstica.
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) también ha publicado sus conclusiones de 2023 con respecto a ocho Estados --Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal-- que han aceptado el procedimiento de quejas colectivas, según el cual, se han producido avances en algunas áreas y esfuerzos para armonizar cuestiones como la brecha salarial de género, la vivienda para los romaníes, la discriminación en la atención médica y la educación inclusiva para los niños con discapacidad intelectual siguen siendo persistentes.
