Actualizado 07/09/2020 12:20:03 +00:00 CET

Aumentan las agresiones a menores o personas cercanas a la mujer como forma de violencia machista, según la Fiscalía

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, durante la apertura del año judicial
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, durante la apertura del año judicial - RTVE

Aumenta el número de denuncias por esta lacra, pero el porcentaje de asesinadas que no tenían denuncia previa sigue creciendo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha advertido del aumento registrado en 2019 en relación "a los asesinatos de menores o de personas cercanas al entorno afectivo de las mujeres", como forma de violencia machista.

Según recoge el Informe Anual de la Fiscalía de 2019, que se ha hecho público este lunes, coincidienco con la apertura del año judicial 2020/2021. En concreto, el documento señala que se han producido "54 ataques muy graves y muchas veces con medios peligrosos" que han puesto "en riesgo concreto y grave la vida o la integridad de la mujer, de su familia o de sus hijos menores".

En estos supuestos, de los 54 casos, la víctima había denunciado con anterioridad en 20 ocasiones, lo que supone un porcentaje del 37 %, un cifra que, según los expertos, es "muy superior al índice de fallecidas que habían denunciado con anterioridad", que se sitúa en el 25,4%. El Ministerio Fiscal reconoce que no es "fácil encontrar una explicación plausible a esta diferencia".

Ese 25,4% de denuncias entre las asesinadas por violencia de género en 2019 supone "un descenso" con respecto a 2018, cuando el porcentaje superaba el 32%. Tal y como ha destacado Delgado, se ha producido un "repunte", tanto en el número de víctimas de esta lacra (59 en 2019, frente a las 51 del año anterior), pero no aumentan las mujeres que tenían interpuesta una denuncia previa. "De las 59, sólo 15" lo habían hecho, ha indicado la exministra de Justicia.

El hecho de que el 75% de las mujeres asesinadas el año pasado no denunciara su situación, supone para la Fiscalía un reflejo de la "desconfianza hacia el sistema judicial" de estas mujeres y, por tanto, "la necesidad de perseverar en las campañas de concienciación, especialmente a través de las redes sociales" este tema. El documento destaca la necesidad de insistir en que "si no existe denuncia, no es posible proteger a la víctima".

LAS DENUNCIAS DE SEIS ASESINADAS, ARCHIVADAS POR FALTA DE PRUEBAS

La Fiscalía ha estudiado los 15 casos en los que la mujer había denunciado para conocer qué falló en el sistema. De este estudio, explica, se desprende que en un 40% (6 de los casos) las diligencias incoadas -bien de oficio bien por denuncias presentadas por la propia víctima poco antes del fatal desenlace-, habían dado lugar a diligencias judiciales donde no se acordaron medidas protectoras al no querer declarar la víctima contra su presunto agresor, o supuestos en los que, tras declarar, se acoge a la dispensa y resultaron archivadas por ausencia de elementos probatorios suficientes para sostener la acusación.

Al respecto, Delgado ha llamado a "abordar" la reforma del artículo 416 de la LECrim relativo a la dispensa de declarar de las denunciantes, precepto que, según ha indicado, está en el origen de "un apreciable porcentaje de sentencias absolutorias en este ámbito", que asciende al 37% en el ejercicio de 2019.

"Todos los fiscales sin excepción se refieren en sus memorias a la dispensa como un elemento perturbador que de alguna manera pervierte el carácter público de la violencia de género, y puede ser otro elemento de presión sobre una víctima tan vulnerable", señala el informe.

"Provoca no solo sensación social de impunidad; también el desánimo de los operadores jurídicos en general y de los fiscales en particular, que ven sus esfuerzos baldíos ya que el uso de la dispensa imposibilita que la denuncia y el proceso penal alcancen sus efectos punitivos, hasta el punto de que algunas víctimas han perdido la vida tras denunciar agresiones anteriores que, sin embargo, fueron archivadas al ejercer la víctima la facultad de dispensa analizada", advierte el texto.

Siguiendo con los casos estudiados, la Fiscalía determina que en tres de ellos, pese a las sospechas médicas y/o seguimientos sociales, la víctima se negó rotundamente a declarar contra el agresor que la maltrataba de forma habitual y grave, mientras que en una ocasión, aunque la víctima denunció poco antes y solicitó orden de protección, no se logró identificar y localizar al denunciado y poco después, al enterarse de la existencia de la denuncia, acabó con su vida.

Además, en dos supuestos la denuncia formulada unos años antes por maltrato había dado lugar a una sentencia condenatoria, que ya estaba cumplida y extinguida la responsabilidad penal. Y en otro, la víctima denunció unos meses antes y aunque se le concedió orden de protección y el Ministerio Fiscal formuló acusación, dicha se dejó sin efecto al dictarse sentencia absolutoria.

DEFENSA DEL TRABAJO DE LA FISCALÍA EN EL CASO DE 'LA MANADA'

"Es importante destacar que es en 2019 cuando se ha resuelto el recurso de casación que interpuso el Ministerio Fiscal contra la Sentencia del caso conocido públicamente como 'de La Manada', en la que, como es sabido, se condenaba a los acusados por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento", ha explicado por otro lado Delgado durante su discurso en la apertura del año judicial 2020/2021.

La fiscal general ha defendido la actuación del Ministerio Fiscal en este caso, apuntando que siempre ha sostenido "que los hechos enjuiciados se realizaron mediante una intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima, de donde se concluía que la calificación jurídica correcta era la de agresión sexual".

CON MÁS DENUNCIAS, MAYOR PROTECCIÓN

A pesar de que el porcentaje baja entre las mujeres asesinadas, el informe sí recoge un aumento general en el número de denuncias por esta lacra. El texto, recogido por Europa Press, explica que, según los datos estadísticos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número de denuncias formuladas en 2019 "ha experimentado un ligero aumento del 0,6%", respecto a las recogidas en 2018. En total, el año pasado se contablizaron 168.057 denuncias.

Del mismo modo, indica la Fiscalía, aumenta el número de órdenes de protección y otras medidas cautelares solicitadas y el porcentaje de concesiones, que supera el 70%, lo que, apunta, "refleja una mayor protección judicial que se concede a la víctima que interpone la denuncia".

Los datos más detallados de estas mujeres determinan que, de las 59 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en 2019, 36 son españolas y 23 extranjeras, mientras que en el caso de los agresores, 35 eran españoles y 24 extranjeros. También recoge el informe que 18 de los 59 agresores, un 30,5%, se quitó después la vida después de cometer el hecho, o lo intentó.

Por autonomías, como en 2009, 2010, 2011, 2013 y 2018, Andalucía fue la región con número mayor de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas; 14, los que supone el 23,7 % del total. Le sigue Cataluña con 11 víctimas, las Islas Canarias con 9 y la Comunidad Valenciana con 7.

MENOS ASESINATOS EN CAPITALES DE PROVINCIA

Por su parte, Madrid registró 6 asesinatos; Galicia y Castilla y León, 3; Cantabria 2 y Baleares y Aragón 1. Por el contrario, en La Rioja, Extremadura, Asturias, País Vasco, Ceuta y Melilla no se contabilizó ninguna víctima mortal en 2019.

El Ministerio Fiscal ha destacado, en este punto, que solo 12 asesinatos de los 59 ocurrieron en capitales. Es decir, que "casi el 80%" de los sucesos tuvieron lugar fuera de capitales de provincias. Esto, indica el departamento que dirige Dolores Delgado, "pone sobre la mesa la necesidad de un mayor despliegue territorial para que los medios y recursos lleguen a todas y cada una de las mujeres víctimas de violencia de género dondequiera que residan".

Con este escenario, la fiscal general ha reconocido la necesidad "de dotar adecuadamente a las unidades de valoración forense integral", previstas en el Pacto de Estado contra Violencia de Género y la importancia de "potenciar la actividad de las Oficinas de Atención a las Víctimas".

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