Actualizado 12/05/2021 19:07

Calvo, sobre eliminar 'disminuido' de la Constitución: "Hay que pasar de la idea de integración a la de inclusión"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en el Congreso
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en el Congreso - EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press

Recuerda que la iniciativa está fundamentada en el acuerdo logrado en el Congreso en 2018 sobre este mismo tema

   MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

   La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles en el Congreso la reforma de la Constitución para modificar el artículo 49 de la misma para, entre otras cosas, eliminar el término 'disminuido' y cambiarlo por 'personas con discapacidad'.

   El Ejecutivo aprobó este martes el anteproyecto para esta reforma que propone un texto de cuatro puntos que ya se había consensuado en la Cámara baja en 2018, pero que no se llegó a aprobar al disolverse las Cortes con la convocatoria de elecciones para 2019.

   Este texto, además del cambio del término 'disminuido', propone destacar "los derechos y deberes previstos" en la Carta Magna "en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva" para este colectivo, sin que "pueda producirse discriminación"; y encomienda a los poderes públicos la puesta en marcha de "políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad".

   "Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes", recoge el texto del Gobierno, que indica, además que "se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad".

   Además, se llama a regular "la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio" de los derechos y deberes de estas personas, y se reafirma que este colectivo goza de "la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos".

UN TÉRMINO "INACEPTABLE" TRAS 42 AÑOS

   Calvo ha señalado ante la Comisión Constitucional del Congreso ha mostrado su posición, que según ha indicado, también comparten otras formaciones, de que la Constitución "no puede estar sacralizada" ni permanecer "inmóvil" cuando se tratan temas que tienen el "consenso y el acuerdo".

   A su juicio, es necesario eliminar el término 'disminuido' porque, 42 años después de la redacción de la Constitución, es "inaceptable por peyorativo" e implica "concepciones que hoy no se pueden sostener" si rige el "principio de igualdad de españoles".

   En este sentido, ha apelado la "conciencia diferente" con la que ahora se mira a esta colectivo desde la sociedad española y ha llamado a hacer oficial el paso de "la idea de integrar", como si el colectivo "estuviera fuera del conjunto de la ciudadanía", a la idea de "inclusión".

   En cuanto a la redacción del resto del artículo, la vicepresidenta ha recordado que es un texto que se consensuó en las Cortes, con la colaboración de las organizaciones que trabajan por los derechos de este colectivo, y que busca reforzar su figura como seres con derechos y libertades, así como recoger de forma específica su situación.

OTROS ARTÍCULOS A DEBATE

   Esto responde también, según ha indicad Calvo, a los compromisos internacionales firmados por España y, específicamente, al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por el país en 2007). Además, ha señalado que el Consejo de Estado ve "extraordinariamente útil" esta reformar para el reconocimiento del colectivo, que forman unas 4 millones de personas, en la Constitución.

   Desde PNV y Unión del Pueblo Navarro han mostrado sus dudas ante esta reforma, no por el contenido del texto en sí, sino porque, como han señalado sus portavoces, esta iniciativa "abre el melón" para debatir el cambio en otros artículos de la Carta Magna.

   El representante de la formación vasca cree que con el debate del artículo 49 se van a poner sobre la mesa los textos que puedan estar relacionados con la monarquía o los referéndums, entre otros, sobre los que algunas formaciones han mostrado su interés por cambiar.

   El portavoz navarro, Carlos Adanero, se ha referido de forma concreta al artículo 135 que regula y garantizar el principio de estabilidad presupuestaria en las Administraciones Públicas y que el Gobierno ha usado para suspender las reglas fiscales. "PSOE y Podemos tienen como objetivo político la reforma del 135, nosotros queremos cambiar la disposición transitoria cuarta", ha puesto como ejemplo adanero antes de señalar que hay otros partidos con otros objetivos políticos en la Constitución.

   A este mismo artículo se ha referido la portavoz de ERC, Carolina Telechea, que lo ha puesto como ejemplo de cómo el Gobierno realiza reforma constitucionales cuando son temas de su interés y pone trabas para otros cambios.

EL PP PIDE RESPETO A LA OPOSICIÓN

    Para el representante de Unidas Podemos en la comisión, Gerardo Pisarello, esta reforma "se queda corta" ya que, a su juicio, tras la pandemia "lo que se debería estar discutiendo" es la constitucionalización "de todos los derechos sociales y ambientales".

   Tras estos discursos la portavoz del PP en la Comisión, Edurne Uriarte, ha mostrado su preocupación por ese "melón que se abre" y del que también ha advertido el PNV y pone como ejemplo las intervenciones de ERC o Unidas Podemos que, a su juicio, ya le han presentado la posibilidad de realizar otras reformas en la Carta Magna.

   Uriarte también le ha pedido a Calvo "más respeto" al "método democrático" y a la oposición y le ha afeado, en este sentido, que ante un cambio en la Constitución no se haya puesto en contacto con el líder de la oposición, el presidente del PP, Pablo Casado.

   A estas advertencias, Calvo ha respondido asegurando que "no se abre ningún melón" y ha criticado que quienes quieran "utilizar" la refirma del artículo 49 para sus "intereses políticos". Según ha explicado, el Gobierno "no está" en la labor de "abrir un proceso" de reforma Constitucional y ha recordado que son las organizaciones que trabajan con las personas con discapacidad los que han reclamado estos cambios.

   Sobre el contacto con la oposición, la vicepresidenta ha indicado que este martes se aprobó el anteproyecto de reforma en el Consejo de Ministros y este miércoles ha pedido la comparecencia en el Congreso para hablar "con todos los grupos parlamentarios".

UN IMV DISCRIMINATORIO

   Por otra parte, el diputado de PDeCat en este debate, Genís Boadella, por su parte, ha defendido esta reforma como "necesaria" y ha señalado que debe tener "todo el apoyo" para su puesta en marcha, pero ha reprochado al Gobierno que lo presente ahora cuando Sánchez es presidente desde 2018 y el Convenio se firmó en 2007.

   Además, ha criticado que defienda esta medida mientras la ley del Ingreso Mínimo Vital impide que las personas con "capacidades modificadas" puedan ser titulares de esta prestación. "Vulnera los derechos de las personas con discapacidad", ha denunciado.

   Más crítico ha sido el portavoz de Vox en esta materia, José María Sánchez García, quien ha recordado a Calvo que hace semanas se aprobó en el Congreso una ley que reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y que reforma el Código Civil o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras, una norma que, según la argumentación de la vicepresidenta "da la impresión" de que se trata de un texto "anticonstitucional" si ahora no se reforma la Carta Magna.

   "Este tipo de cosas raras, por no decir estúpidas, pasan cuando se hacen estupideces", ha declarado el diputado de Vox, que en la votación de la mencionada ley se abstuvo, aunque, ha precisado Sánchez García, por otros motivos que no eran esa posible incostitucionalidad.

   Sobre este tema, Calvo ha respondido señalando que el Constitucional permite aprobar en ocasiones normas incostitucionales y que la reforma del artículo 49 es "un tema de armonía" con la legislación que se ha aprobado en España en los últimos años relacionadas con los derechos del colectivo.

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