CGPJ expresa dudas sobre la formación judicial en violencia vicaria y avisa de prohibición de contenidos: “Abarcativa”

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial ha expresado dudas sobre el alcance de la formación especializada prevista para jueces y magistrados en el antreproyecto de medidas de violencia vicaria y ha advertido de que la prohibición de publicar o difundir contenidos relacionados con el delito se formula en términos “semánticamente muy abarcativos”.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles por unanimidad el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria.

Según ha informado el CGPJ, con la aprobación del informe, elevado al Pleno por la Comisión de Estudios e Informes, el órgano de gobierno de los jueces ha cumplido el trámite previsto en el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En este sentido, hace referencia a la previsión de que los magistrados y suplentes y jueces y sustitutos reciban formación especializada y periódica en violencia de género, incluyendo violencia vicaria, y violencias sexuales. Esta dice que "plantea dudas sobre su exacto alcance". Si bien, advierte de que "no se precisa si tal formación debe prestarse a todos los que sean nombrados o sólo a quienes sean llamados para cubrir plazas con competencias en materia de violencia sobre la mujer y violencia contra la infancia y adolescencia".

Por otro lado, considera que "debe resaltarse la necesidad de tener en cuenta la perspectiva de infancia a la hora de acudir al mecanismo supletorio de oír a los representantes legales u otras personas de especial confianza".

Además, sugiere que, para dotar de una "total claridad" al sistema jurídico de aplicación, tanto la norma sustantiva, como es el caso del Código Civil (art. 92.6), como la procesal, como es el caso de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 770.4), tengan una redacción que no deje lugar a duda sobre el alcance del deber de escuchar a los hijos menores de edad o mayores con discapacidad necesitados de especial protección en aquellos procesos de familia que les afecten.

También recalca que la medida de exclusión o suspensión del régimen de visitas o estancia se revela como necesaria para salvaguardar los derechos consagrados en el artículo 15 CE que indica que "deben prevalecer sobre los derechos dimanantes de la patria potestad".

Asimismo, apunta que "sería conveniente" que se introdujeran expresamente fórmulas para garantizar que representantes legales de menores transmitan "fielmente" las opiniones del menor, "con mención expresa de precauciones para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, sean tomados en consideración para limitar o desvirtuar el derecho de las personas menores de edad a ser escuchadas".

En cuanto a la prohibición que contempla el anteproyecto de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido, el CGPJ defiende que la prohibición se formula en "términos semánticamente muy abarcativos". Por ello, sugiere, por un lado, delimitar un catálogo más restringido de delitos en relación con el cual cabe imponer la pena accesoria de prohibición de difusión de mensajes, y, por otro lado, especificar el ámbito objetivo de la prohibición.

Igualmente, propone optar por un subtipo agravado en cada uno de los tipos penales que cita el nuevo artículo 173 bis o sólo en aquellos que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos de mayor entidad, llevando en estos casos la imposición de la pena en su mitad superior, cuando el delito llamado base se comete para causar mayor dolor o sufrimiento a la pareja o ex pareja, en lugar por una tipificación autónoma del delito de violencia vicaria en concurso real.

El anteproyecto también añade que la declaración pueda ser efectuada con la asistencia de la persona designada del equipo técnico judicial. "Se trata de una medida adecuada para minimizar el riesgo de victimización secundaria y garantizar que las declaraciones de las víctimas puedan efectuarse en las condiciones idóneas", asegura el CGPJ.