El Congreso aprueba en comisión elevar multas a empresas que incumplan cuota de reserva para personas con discapacidad

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en su sesión extraordinaria de este jueves, ha aprobado con competencia legislativa plena la Proposición de Ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que eleva las sanciones a las empresas de 50 o más trabajadores que incumplan la cuota de reserva para personas con discapacidad, fijada en el 2%.

La ponencia fue aprobada este jueves con el voto a favor de todos los grupos excepto PP, que se ha abstenido y Vox, que ha votado en contra. En el texto se ha introducido una enmienda transaccional aprobada por unanimidad para que queden exentas de impuestos las ayudas a personas afectadas por VIH o talidomida. Ahora, se remite al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.

El primer artículo de la proposición reforma la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. De esta manera pasa de considerarse infracción grave a muy grave "el incumplimiento en materia de integración laboral de personas con discapacidad de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, o de la aplicación de sus medidas alternativas".

Por su parte, el artículo dos modifica el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, que regula los requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de subvenciones. De esta manera, se impide percibir subvenciones a aquellos que, tal y como recoge el artículo uno, cometan una infracción muy grave por infringir la reserva de puestos laborales para personas con discapacidad.

Además, la ley también cuenta con tres disposiciones adicionales. La primera regula las campañas informativas que deberán llevar a cabo las administraciones públicas sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. La segunda recoge las campañas de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se deberán realizar en los próximos tres años para "verificar el cumplimiento de la obligación legal de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad", y la tercera obliga al Gobierno a elaborar en el plazo de tres años un informe de evaluación del impacto de las medidas.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera que este endurecimiento sancionador constituye "una medida necesaria para garantizar la efectividad de una obligación legal vigente desde hace décadas y todavía incumplida por un número significativo de empresas".

Así, confía en que "el Senado complete con rapidez su tramitación, de manera que España disponga cuanto antes de un marco más exigente y eficaz para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad".

Por su parte, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha celebrado la aprobación pero considera que "el refuerzo del régimen sancionador, por sí solo, resulta insuficiente para corregir una situación de desigualdad laboral que se mantiene desde hace décadas".

CEDDD recuerda que, durante la tramitación parlamentaria en la que se encuentra inmersa la reforma de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad, trasladó a los distintos grupos políticos una batería de propuestas orientadas a transformar de manera efectiva el sistema vigente.

Entre ellas, destaca "la elevación de la cuota obligatoria del 2% al 4%", una medida impulsada por su entidad asociada Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) y "concebida para dar respuesta a los graves déficits de inclusión laboral que siguen afectando al colectivo".