El Defensor pide a Justicia cambiar la pena de cárcel por medidas de seguridad para presos con discapacidad intelectual

Actualizado 11/06/2019 18:38:58 CET
Centro Penitenciario Madrid I, en Alcalá Meco
EUROPA PRESS - Archivo

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MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo solicita al Ministerio de Justicia que valore introducir en el Código Penal la transformación de las penas de privación de libertad en "medidas de seguridad" para supuestos de discapacidad intelectual inadvertida. A su juicio, se trata de un hecho distinto al contemplado en el artículo 60 del Código Penal, relativo al trastorno mental grave.

Al mismo tiempo, reclama al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social incluir a los presos con discapacidad intelectual en la Agenda Socia y, en concreto, en la próxima Estrategia Española y Plan de Acción sobre Discapacidad, como colectivo especialmente vulnerable.

Estas dos recomendaciones se incorporan en un documento separado del Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo sobre la situación de las personas con discapacidad intelectual en las cárceles españolas y con el objetivo de defender su "dignidad" por su especial vulnerabilidad de este colectivo que es "minoritario" en el sistema penitenciario.

Según datos que maneja el Defensor del Pueblo al 51,4 % de las personas con discapacidad intelectual que han cometido un delito se les había detectado la discapacidad previamente, mientras que el 49,6% restante de los presos con discapacidad intelectual que ingresan en prisión llegan sin que se haya detectado su situación. "El gran problema es que muchos no están diagnosticados", apostilla.

Las personas con discapacidad intelectual cumplen penas o medidas de
seguridad en centros penitenciarios ordinarios. Solo algunos de los centros, aunque "muy pocos, y ninguno femenino", cuentan con módulos especialmente diseñados para estas personas.

Asimismo, reclama a Instituciones Penitenciarias la creación de nuevos lugares especialmente diseñados para el cumplimiento de penas y medidas de seguridad fuera de las prisiones o, si no fuera posible a corto plazo, constituir unos módulos especiales para atender a estas personas. También propone un sistema de régimen abierto para quienes hayan cometido delitos menores y no presenten un pronóstico de peligrosidad.

A este mismo organismo, el Defensor le propone el acompañamiento de las personas con discapacidad intelectual a los juicios; formar a los funcionarios de prisiones, o información adaptada para los internos con discapacidad intelectual, entre otras propuestas.

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