Publicado 09/07/2021 20:09CET

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza aboga por prorrogar la suspensión de los desahucios y el bono social

Archivo - Un miembro de una familia que iba a ser desahuciada en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona (España).
Archivo - Un miembro de una familia que iba a ser desahuciada en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

   MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para prorrogar la suspensión de los desahucios y lanzamientos, así como la vigencia de los últimos requisitos para ser considerado consumidor vulnerable con derecho a percepción del bono social.

   Ambas medidas, vigentes durante el estado de alarma, dejarán de estar en vigor el próximo 9 de agosto. Si bien, EAPN-ES precisa que los efectos sociales y económicos de la pandemia van a permanecer "indefinidamente", por lo que apuesta por prorrogar estas medidas de protección "mientras la crisis económica continúe o se den circunstancias objetivas de desprotección de determinados colectivos".

   "El estado de alarma sanitario ha finalizado, pero la alarma social continúa. El impacto de la COVID-19 sobre los grupos de población más vulnerables obliga a proteger más intensamente a miles de familias que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social y han visto agravada su situación durante la pandemia", señala la Red.

   En relación con los desahucios y lanzamientos, EAPN-ES insta a reformar la normativa hipotecaria para garantizar la paralización de los desahucios hasta que haya alternativa habitacional adecuada, así como a establecer un servicio gratuito de intermediación con la entidad bancaria o propiedad del inmueble en las situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda y garantía de realojo obligatorio por parte de la Administración en caso de estar en situación de vulnerabilidad.

   Respecto al bono social, EAPN-ES hace un llamamiento al Ejecutivo para retomar el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, en la que se afronte la necesidad de crear un bono social energético que incorpore otros colectivos con fuertes limitaciones para hacer frente al coste de los suministros: personas con dependencia grado I o familias con integrantes en paro, ERTE, ERE, etcétera.

   Además, pide establecer medidas específicas para hogares con pocos ingresos, a través de un bono energético que contemple tarifas sociales para diferentes suministros, incluida el agua potable.

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