MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, Giuseppe Palmisano, sostiene que la crisis del nuevo coronavirus COVID-19 "es un recordatorio brutal de la importancia de garantizar" el progreso de los derechos sociales, particularmente a través del desarrollo de servicios universales de salud pública. Al respecto, ha avisado de que "persisten deficiencias clave" en cuanto a la implementación de las obligaciones de derechos sociales por parte de los estados.
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CECA) ha publicado este martes sus conclusiones anuales sobre el cumplimiento de la Carta Social Europea por parte de 37 Estados, incluido España. Según este informe, los derechos sociales de los niños, las familias y los migrantes "están en peligro en Europa".
En el documento, el comité ha examinado los esfuerzos estatales para hacer efectivos los derechos fundamentales de los niños, las familias y los migrantes, así como el derecho a una vivienda adecuada. Si bien las conclusiones muestran "que se han hecho algunos progresos", Palmisano sostiene que "persisten deficiencias clave" en cuanto a la implementación de las obligaciones de derechos sociales por parte de los estados.
"Es crucial que la Carta Social Europea, también conocida como la Constitución Social de Europa, se use para dar forma y analizar decisiones durante la crisis de COVID-19. La Carta sirve como una herramienta clave para que los estados garanticen que sus respuestas a la pandemia de Covid-19 cumplen con los derechos humanos, tanto a corto como a largo plazo", ha dicho.
PREOCUPACIÓN POR EL TRABAJO INFANTIL Y VIOLENCIA
Este órgano, compuesto por 15 miembros independientes e imparciales elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, ha publicado hoy 896 conclusiones: 289 casos de no conformidad, 453 casos de conformidad y 154 "aplazamientos" relativos a casos no evaluados por falta de información), respecto de 37 países europeos.
Los principales hallazgos son sobre trabajo infantil, incluidos los niños que trabajan de manera ilegal, así como a la protección de los niños contra todas las formas de violencia, abuso y explotación.
Asimismo, el Comité se muestra "cada vez más preocupado por el tratamiento de los niños migrantes en situación irregular irregular, ya sea acompañados o no, y también por los menores que buscan asilo, en particular su acceso a un alojamiento "adecuado y seguro".
Además, en sus conclusiones el comité destaca la pobreza infantil y la exclusión social, haciendo hincapié en la obligación de los Estados Partes "de tomar todas las medidas apropiadas y necesarias para combatir y erradicar estos fenómenos".
Por otro lado, el Comité subraya "la importancia de eliminar la discriminación de género" y, concretamente, de proteger los derechos de las mujeres durante la maternidad, en el trabajo nocturno y en condiciones de trabajo peligrosas y poco saludables.
Con respecto al derecho a la vivienda, el Comité está particularmente preocupado por las condiciones de vivienda "deficientes" de los romaníes y los viajeros en muchos países, la falta de supervisión de las normas de vivienda, así como "la falta de normas que impongan obligaciones a los propietarios para garantizar que las viviendas sean de un nivel adecuado".
Para este organismo, "no hay medidas suficientes en algunos países para reducir y prevenir la falta de vivienda en general y la falta de viviendas asequibles".
Asimismo, el Comité destaca el número creciente de niños apátridas en Europa con acceso reducido a los derechos y servicios básicos, como la atención médica y la educación. Así, solicita a los estados que den información adicional sobre medidas para reducir la apatridia en el próximo ciclo de presentación de informes.
