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MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
La juventud tutelada y extutelada que estudia y trabaja de forma simultánea se ha triplicado en una década, del 7,3% en 2014, al 22,8% registrado en 2024.
Así se desprende de la Encuesta Fepa 2024, el informe anual que elabora la Red de entidades para la emancipación juvenil en España, recogido por Europa Press.
La vigente edición se ha elaborado a partir de una muestra de 5.504 personas jóvenes de 16 a 25 años atendidas en programas de apoyo a la emancipación de entidades federadas a FEPA. De ellas, el 75,5% se concentra en la franja de 18 a 21 años y, en global, el 76,7% hace referencia a personas de origen migrante y el 76,38% tiene entre 18 y 21 años.
En este sentido, revela que nueve de cada diez jóvenes estudia, trabaja o compagina ambas actividades (88,8%). Además, señala que el 39,1% se focaliza en su formación, el 26,9% trabaja de forma exclusiva, el 22,8% forma parte de la llamada generación 'sísí' y el 11,2% no realiza ninguna de estas actividades.
También refleja que el acceso a la vivienda sigue siendo un factor central de vulnerabilidad para la juventud extutelada en España. Uno de cada dos jóvenes (54,3%) depende de un programa o recurso residencial de carácter temporal gestionado por una entidad, el 41,5% accede al mercado privado de alquiler y el 4,1% se encuentra en situación de calle o en viviendas ocupadas.
De la misma manera, expone que aunque el empleo es la principal fuente de ingresos para el 37,89% de jóvenes, las ayudas económicas de las entidades (27,42%) siguen teniendo un "peso importante", diez puntos por encima de las prestaciones públicas específicas (17,92%) o las vinculadas a programas de emancipación (7,89%).
"Estos datos reflejan la determinación y aspiración de progreso de esta juventud, pero también la obligación de sostener una emancipación acelerada y sin una red de apoyo consolidada, que se traduce en la necesidad de generar ingresos desde edades muy tempranas para cubrir formación, vivienda y necesidades básicas", apunta el director de Fepa, Jordi Sàlvia.
Igualmente, Sàlvia ha explicado que cuando una persona joven sale del sistema de protección a los 18 años "lo hace sin haber completado su transición natural a la vida adulta y esa emancipación forzadamente precoz genera un riesgo estructural que, si no se aborda, se traduce en vulnerabilidad crónica".
Finalmente, señala que es "imprescindible" que haya una equidad territorial y que todas las comunidades puedan garantizar un acompañamiento de calidad: "España necesita un marco legal estatal que garantice apoyos estables y homogéneos más allá de los 18 años y que no dependa del territorio de residencia. No se trata de ofrecer privilegios, sino de garantizar condiciones equitativas desde las que cada joven pueda construir su proyecto vital", concluye Sàlvia.