Sumar pide reformar la Ley del Menor para que entidades privadas no puedan gestionar centros de menores infractores

   MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Sumar ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) a la Mesa del Congreso de los Diputados, para su debate en la Comisión de Justicia, por la que pide reformar la Ley Orgánica de la responsabilidad penal de los menores para garantizar que entidades privadas no puedan hacerse cargo de la gestión de centros para menores infractores.

   En el texto de la PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sumar señala, citando datos del Ministerio de Derechos Sociales, que en España, de un total de 78 centros de internamiento para menores con un total de 2.880 plazas, "tan sólo 30 son públicos y 48 son gestionados por entidades colaboradoras, es decir, de carácter privado".

   El grupo parlamentario apunta que, si bien la legislación vigente "abre la puerta" a que la ejecución de las medidas de internamiento sea gestionada por entidades privadas sin ánimo de lucro, "la idea inicial no era que el artículo 45 permitiera la privatización de los centros de internamiento" sino "introducir la colaboración de las asociaciones de barrio en medidas como los trabajos en beneficio de la comunidad o la libertad vigilada".

    Además, añade que "numerosos" colectivos de abogados, jueces, sindicatos, asociaciones de defensa de los derechos humanos, de la infancia e instituciones como el Defensor del Pueblo "han criticado las carencias de este sistema y defienden que la restricción de la libertad u otras medidas deben ser tarea, en todo caso, de las Administraciones Públicas competentes en cada caso".

   Por ello, Sumar pide reformar la ley para "suprimir" la posibilidad de que la ejecución de medidas se gestione por entidades privadas, "pasando el control y la gestión de la ejecución de las medidas a las administraciones públicas competentes para que las medidas impuestas a los y las menores cumplan con mayores garantías sus fines educativos y resocializadores".

   Además, sugiere garantizar "la intervención multidisciplinar de personal cualificado" con "los recursos suficientes" para el ejercicio de sus funciones "con todas las garantías y con condiciones laborales dignas que permitan la efectivad de las medidas impuestas a las personas menores infractoras, cumpliendo con su finalidad educativa y resocializadora".

   Asimismo, reclama dotar a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales "adecuados y suficientes" para garantizar la gestión pública de la ejecución de dichas medidas.