MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Sector de Enseñanza de UGT, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) y STEs-Intersindical han rechazado este martes la sugerencia planteada por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual de grabar en aulas y despachos para evitar los abusos sexuales a menores en el entorno educativo por considerarla "ineficaz y contraria a las libertades".
La Fiscalía General del Estado sostiene en su memoria anual que "la gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos (espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación, entrenamiento, etc.) podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados (despachos, aulas)".
Para UGT, estas afirmaciones "generan inquietud y alarma en la comunidad educativa". El sindicato cree que las aulas de los centros escolares "no precisan cámaras de vigilancia, sino más y mejores recursos, tanto materiales como humanos, para responder a las necesidades de la diversidad del alumnado".
Desde FECCOO, además de considerar la medida como "ineficaz y contraria a las libertades", opinan que "no resuelve el problema de fondo: la falta de recursos humanos y materiales producto de las políticas de recorte de los últimos años".
Tras hacerse pública la memoria de la Fiscalía, UGT ha señalado que medidas como la sugerencia de la institución "atentan contra las libertades, se plantean como coercitivas y para nada propician acciones de prevención". Así, ha exigido que las administraciones educativas más profesorado y con mediadores y/o profesionales especializados que ayuden a prevenir las conductas antisociales que se puedan producir.
CCOO, que se declara "radicalmente en contra de una medida más coactiva que preventiva y pedagógica", entendiente que los centros educativos "no necesitan cámaras de vigilancia en las aulas, sino más y mejores recursos materiales y humanos: coordinación, colaboración y una interacción positiva con las familias y el entorno sociocultural, y la confianza, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad y de la Administración educativa".
Por su parte, STEs-i ha señalado que sugerencia es "desproporcionada, de dudosa legalidad y carente de rigor, además de que elude ir a la raíz del problema". "No puede calificarse sino como una ocurrencia que en nada ayudará a resolver este grave problema", ha subrayado.
En este sentido, el sindicato ha defendido que las aulas son "un espacio tutelado y vigilado, como también lo son los patios de recreo y el resto de espacios comunes, una tutela que puede mejorarse, dotando al profesorado de recursos, herramientas y condiciones laborales adecuadas a las distintas realidades de los centros".
CELAÁ LO TACHA DE TERRIBLE
La propia ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, considera "terrible" la posibilidad de instalar cámaras permanentes en las aulas de los centros educativos como ha sugerido la Fiscalía General del Estado en su memoria anual ante el aumento de los delitos sexuales en los últimos años.
Celaá, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, ha destacado que "todas las propuestas pueden ser debatidas", pero es "una medida absolutamente fuerte", teniendo en cuenta que "no es precisamente en las aulas donde se producen esas agresiones". En su opinión, con la instalación de cámaras se estaría poniendo en los centros educativos "un 'gran hermano' permanente".
El secretario de Estado de Educación en funciones, Alejandro Tiana, ha comparado la sugerencia de la Fiscalía General de grabar en las aulas para evitar abusos sexuales a menores con medidas como la instalación de detectores de metales en la entrada de los institutos en Estados Unidos para acabar con las armas de fuego.
"No es un enfoque educativamente adecuado", ha dicho el 'número dos' de Educación durante la rueda de prensa del informe anual de la OCDE 'Panorama de la Educación 2019', donde ha subrayado que el Ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá "coincide con la mayoría de la comunidad educativa" en rechazar esta propuesta.
Para Tiana, "meter cámaras de forma indiscriminada" en los colegios "no es la solución" para acabar con los abusos sexuales a menores. Una opinión similar a la expresada este martes por la ministra en funciones Isabel Celaá, que considera "terrible" la posibilidad de instalar cámaras permanentes en las aulas.
Ayer diferentes representantes de la comunidad educativa ya mostraron su recelo sobre la sugerencia planteada por la Fiscalía General del Estado y exponían que esta medida confronta con el derecho a la intimidad de escolares y docentes.
Desde el ámbito estudiantil, el presidente de la Confederación Estatal de Estudiantes CANAE, Carlos López, dijo a Europa Press que a la propuesta "le falta concreción" y supondría tener que "equilibrar el derecho a la intimidad y a la privacidad con la lucha efectiva contra los abusos sexuales".
"Utilizar las tecnologías contra el abuso es una buena noticia, pero siempre que se respeten estos derechos", exponía López, que reclamaba un plan nacional contra el abuso escolar con medidas preventivas impulsadas por las administraciones públicas.
Por parte de las familias, la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Leticia Cardenal, rechazaba la sugerencia y desconfiaba del control que podrían tener las imágenes grabadas en los centros educativos.
"Somos contrarios a esa medida porque no va a favorecer el clima del centro, y por la protección de datos. No sabemos quién va a utilizar esas imágenes y para qué, y cuando hablamos de grabar a menores hay que pedir consentimiento a las familias", explicaba Cardenal a Europa Press, mostrándose partidaria de "tomar otras medidas" contra el abuso a menores.
El presidente de CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos), Pedro Caballero, señaló que la medida debería ser "consensuada y estudiada por todos los agentes sociales involucrados en la educación de los más jóvenes". "Y para ello nos tenemos que reunir", apostilló.
SINDICATOS DOCENTES, EN CONTRA
La reacción de algunos sindicatos docentes fue todavía más contundente. Por ejemplo, de CSIF, cuyo responsable de Educación, Mario Gutiérrez, calificó de "barbaridad" lo que consideraba una "ocurrencia". Para el presidente del sindicato ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza), Nicolás Fernández, se trata de una medida "totalmente desproporcionada e ilegal porque en los centros los alumnos son menores que están bajo el amparo de la ley del menor".
Además, Fernández recordó que desde su sindicato ya se reunieron con la Agencia de Protección de Datos y desaconsejaron esta medida porque "no se debe vulnerar la intimidad del joven" e indicó que esta propuesta también afectaría a los docentes al verse cuestionada su labor educativa. "En los domicilios también se producen este tipo de actos, entonces ¿qué hacemos?, ¿poner también cámaras en sus casas?", se cuestionaba.
Por su parte, el presidente de Escuelas Católicas, José María Alvira, considera que la posibilidad de grabar estos espacios cerrados "no es la solución". "Un aula no es un sitio en el que se cometen los delitos que se mencionan. Por tanto, esa posibilidad no me parece lo más indicado. La alternativa es la formación y educación", indicó.
"Es un tema complicado", aseguraba Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), mostrando las dudas de algunos sectores del ámbito educativo. "Soy partidario, como es natural, de la máxima transparencia, pero no sé si es buena política estar grabando todo el rato todo el mundo, es una cuestión que habría que estudiar", sostiene el presidente de esta patronal de centros educativos.
