Condenan a cinco años de prisión a un empresario de Barcelona por estafar a más de 40 inmigrantes

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha condenado a un empresario a cinco años de prisión por estafar a más de 40 inmigrantes bajo la promesa de conseguirles los papeles y un contrato de trabajo temporal en la empresa que regentaba en Barcelona.

La estafa fue denunciada por más de 40 personas, pero se calcula que podrían haber afectadas muchas más. SOS Racismo asumió la denuncia y la defensa de estas personas entendiendo que su situación "respondía a un estado de indefensión propiciado por la legislación de extranjería que les convierte en víctima fácil de estafas", informó la entidad.

Las denuncias se presentaron en marzo de 2004 y el tribunal considera probado que el empresario, J.A.P., utilizó su condición para "captar indiscriminadamente" a un colectivo de inmigrantes en Barcelona, sin contrato de trabajo ni permiso de residencia, "a los que prometió a sabiendas de no ser cierto que, a cambio de entregarle diversas cantidades, les aseguraba su legalización en España, más un contrato de trabajo temporal con la empresa que regentaba, una vez legalizados".

El acusado "hizo suyas" todas las cantidades que los ciudadanos extranjeros le entregaron, "junto a los pasaportes y demás documentación que les exigía", sin haber realizado ningún trámite en favor de su legalización como emigrantes y del contrato de trabajo temporal con su empresa.

Según la sentencia, el empresario invirtió las cantidades, que oscilaban entre los 400 y los 1.800 euros, a su "provecho propio para comprarse bienes destinados a su domicilio particular, pagar los elevados alquileres de éste y otros destinos que se desconocen".

Por ello, el tribunal condenó a J.A.P. a una pena de cinco años de prisión y multa de quince meses con una cuota de 15 euros y a la accesora de la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. El juez también condenó al empresario a indemnizar a las víctimas con la cantidad que le entregaron como supuesto pago de la consecución de los papeles y el contrato temporal.

SOS Racismo remarcó que este caso pone de manifiesto "la explotación laboral, la exclusión social y el racismo" a la que se exponen los inmigrantes irregulares, "la poca eficacia y aplicación" de medidas contempladas en la Ley de Extranjería para proteger a las víctimas y la dificultad que tienen los inmigrantes para llegar a la justicia.