El Congreso rechaza pedir al Gobierno que levante la moratoria laboral a rumanos y búlgaros

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados rechazó hoy una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular por la que se instaba al Gobierno a levantar "de forma inmediata" la moratoria laboral que restringe el derecho de los ciudadanos rumanos y búlgaros a trabajar por cuenta ajena en España.

La proposición, rechazada con los votos del PSOE y de CiU, sí contó, sin embargo, con el respaldo del PNV, del Grupo Mixto y de IU-ICV-ERC, que también ha registrado la Cámara baja una iniciativa de contenido similar para solicitar el fin de las restricciones sobre estos trabajadores.

La moratoria es un mecanismo contemplado en los tratados de adhesión de ambos Estados que permite al resto de países miembros aplicar un periodo transitorio a la libre circulación de trabajadores por cuenta ajena. Este plazo puede prolongarse hasta siete años en tres fases, la primera de las cuales debe durar dos años y para cuya renovación es preciso informar primero a la Comisión Europea. España vencerá el primer plazo el 31 de diciembre de 2008.

El Grupo Popular es partidario de poner fin a esta medida porque a su juicio, los trabajadores de Rumania y Bulgaria que llegan a España "son tratados como ciudadanos extracomunitarios, y a pesar de ser miembros de la Unión Europea, son considerados como ciudadanos de segunda". Además, a su juicio mantener la moratoria "favorece la economía sumergida, lo que implica que esos trabajadores rumanos y búlgaros no cotizan en la Seguridad Social", según declaró el portavoz del PP en la materia, Rafael Hernando.

En el PSOE esta postura del principal partido de la oposición es considerada "una contradicción", porque "piden prohibir las regularizaciones masivas y al mismo tiempo quieren la regularización de miles de trabajadores" búlgaros y rumanos, tal y como señaló ante la comisión el diputado socialista Óscar Seco, quien tildó la proposición de "oportunista e incoherente".

La portavoz de Inmigración del Grupo, Concepción Gutiérrez, declaró a Europa Press que el Partido Popular "lo que quiere es confrontación" porque, en su opinión, "estos temas hay que dejarlos en manos del Gobierno y los agentes sociales". El PSOE presentó una enmienda al texto del PP en este sentido, pero fue rechazada por los 'populares'.

Por su parte, el diputado de CiU Carles Campuzano, que votó en contra, dijo que "la lógica de la libre circulación" tiene "consecuencias en el mercado" de trabajo español, y añadió que la decisión de levantar la moratoria también debe tener en cuenta la postura de las comunidades autónomas. Por el contrario, el diputado del PNV Emilio Olabarría se mostró favorable a la libre circulación de todos los ciudadanos que pertenecen a la Unión Europea.

APOYO A MUJERES Y ESTATUTO DE CIUDADANÍA EXTERIOR

Asimismo, la comisión aprobó una iniciativa del Grupo Socialista en la que insta al Gobierno a que destine una parte del Fondo de Apoyo a la Integración a "medidas específicas para mujeres inmigrantes desde la perspectiva de género".

La propuesta, recogida por Europa Press, plantea que este fondo, creado en 2005 y que contará en 2009 con 200 millones de euros para ayudar a las poblaciones con más presión migratoria, sufrague "proyectos dedicados a la prevención de la violencia machista y a la sensibilización de la igualdad entre hombres y mujeres".

Los 'populares' presentaron una enmienda a la propuesta del PSOE en la que pedían al Gobierno un fondo adicional de 150 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos con más inmigrantes, iniciativa que fue rechazada por los socialistas.

ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR

También recibió luz verde una propuesta del PSOE que insta al Gobierno a dar "impulso continuo de desarrollo al Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior" de forma que se pongan en marcha todas las medidas que contempla, como las prestaciones sociales o el derecho al sufragio, entre otras.

Por último, todos los grupos de la comisión rechazaron otra propuesta del PP para limitar el derecho de reagrupación familiar de los extranjeros, porque entienden que esta medida se deberá abordar durante los trámites ya previstos de reforma de la Ley de Extranjería. Tampoco salió adelante su iniciativa para que el Gobierno elabore y publique informes trimestrales sobre inmigración.