En la operación se detuvo a nueve personas, que ofrecían falsas ofertas de empleo a sus compatriotas a cambio de altas sumas de dinero
SAN SEBASTIAN, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado en Guipúzcoa una red organizada formada por ciudadanos colombianos y españoles dedicada a la explotación de trabajadores y a favorecer la inmigración ilegal, en una operación en la que nueve personas fueron detenidas y se han visto perjudicados más de un centenar de ciudadanos de Colombia.
Según informó hoy la delegación del Gobierno en el País Vasco en un comunicado, el pasado mes de julio los investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de San Sebastián, tuvieron conocimiento de la presencia en la provincia de ciudadanos extranjeros de origen colombiano que, de forma organizada, favorecían la inmigración ilegal de compatriotas suyos.
Los colombianos pagaban altas sumas de dinero para su nivel vida -entre 7.000 y 9.000 euros-, lo que les obligaba a hipotecar sus casas y pertenencias en Colombia a cambio de falsas ofertas de empleo, consiguiendo en todos los casos Permisos de Residencia y Trabajo. No obstante, las víctimas no llegaban nunca a cobrar nómina alguna y se les dejaba al cabo de un mes en España en total situación de desamparo.
La Policía Nacional intensificó la vigilancia y control de algunas de estas personas y llegó a obtener declaraciones de varios de ellos, en la actualidad, testigos protegidos. De esta forma, se pudo determinar, tras cuatro meses de investigaciones, que los responsables de dicha red era un matrimonio colombiano formado por J. A.R.O. y su esposa M.E.G.N., domiciliados en la localidad de Pasajes Ancho (Guipúzcoa).
También formaban parte de esta red los ciudadanos colombianos M. C.G.N., responsable de la organización en Colombia -detenida por encontrarse en viaje turístico en España-, V.T.L. y O.E.G.N. Este último era un antiguo policía en Colombia y expulsado del Cuerpo.
Estas personas eran los encargados de ofrecer préstamos a inmigrantes colombianos para costear los viajes y los gastos por la obtención de los distintos permisos, obligándoles a hipotecar sus casas como garantía de pago a favor de los miembros de la red. Debido a que las ofertas eran falsas, sus compatriotas en situación de total desamparo en España perdían sus viviendas en Colombia a favor de la banda.
ESPAÑOLES IMPLICADOS
Además, también están implicados en la organización los españoles C.M.L., B.C.P., M.C.I.A. y M.I. de P.I., como encargados de ofertar falsos empleos, en connivencia con el matrimonio colombiano, a las víctimas inmigrantes para conseguir sus permisos de residencia y trabajo a cambio de ciertas cantidades de dinero, pagando los propios inmigrantes los gastos de Seguridad Social.
Esta forma de operar, a juicio de los investigadores, apunta a un modelo de red organizada de explotación de trabajadores provenientes de terceros países, esencialmente de Colombia, "quienes sin ningún prejuicio explotan a sus propios compatriotas". De hecho, el matrimonio formado por dos de los detenidos como responsables de la organización posee más de diez viviendas en el país sudamericano.
Para ello, las personas explotadoras "se establecen con diversos grados de responsabilidad que va, desde la captación en origen, la introducción en España, su recogida y transporte a la provincia donde se hará cargo el responsable de la red y ficticio empleador, la explotación laboral con la única finalidad de obtener un beneficio económico de forma estable y permanente, todo ello en un marco de clandestinidad y coacción en el país de origen, que hace muy difícil penetrar en el mecanismo de dicha actuación delictiva organizada".
Tanto los detenidos como los encartados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, quien en su momento determinará la responsabilidad de todos y cada uno de los implicados en la red ahora desarticulada.
