GERONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, han detenido en Ripoll (Gerona) a un empresario de la construcción de nacionalidad marroquí que estafaba a compatriotas al ofrecerles un trabajo a cambio de un pago, para luego despedirlos una vez se habían trasladado a Cataluña.
La policía tuvo conocimiento que un vecino de Ripoll estaría ofreciendo, mediante un intermediario en Marruecos, la posibilidad de venir a trabajar legalmente a España a ciudadanos de aquél país. Ofrecía un trabajo por seis meses, que es la condición indispensable para que sea contratado en origen, a cambio de pagar entre 7.000 y 10.000 euros.
El intermediario se encargaba de hacer los trámites en la embajada española en Marruecos, previo pago del dinero destinado a Said E.M. Después, con la documentación necesaria para viajar legalmente a España, las víctimas de la estafa se trasladaban hasta Ripoll, con el coste del desplazamiento a su cargo.
Said E.M. les tenía que proporcionar un piso y un trabajo por el que cobrarían un sueldo proporcional al dinero desembolsado --si alguien había pagado 10.000 euros por trabajar seis meses, le correspondían 1.667 euros mensuales--.
Los acuerdos eran siempre verbales, de forma que ningún documento demostraba que los recién llegados habían pagado mucho dinero a la persona que los había contratado y que, en realidad, al poco tiempo de estar en el Ripollès --a veces menos de un mes-- los despedía y los echaba del piso que les había alquilado.
Los estafados reclamaban a Said E.M. el dinero, pero no tenían opción de recuperarlo, porque ningún documento dejaba constancia del acuerdo. Por tanto, las víctimas quedaban en una situación precaria, sin recursos y endeudados en su país de origen por los préstamos que habían pedido para poder venir a España. Las víctimas también tenían miedo de denunciar por el temor de que Said E.M. les denunciase y comportase su expulsión de España.
Con los indicios recopilados, los Mossos detuvieron a Said E.M., empresario de la construcción, como presunto jefe de una red de inmigración ilegal en el Ripollès. Los investigadores creen que podría haber regularizado a más de 20 personas de forma fraudulenta a través de su empresa y que en algunos casos se había tratado de renovaciones de residencia.
A la mayoría de las víctimas, el detenido les habría rescindido el contrato y dado de baja en la Seguridad Social sólo unos 20 o 40 días después de comenzar a trabajar, que habría sido tiempo suficiente para que los trabajadores extranjeros pudiesen conseguir la tarjeta de residencia NIE.
Los Mossos atribuyen al detenido un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y derechos de los trabajadores. El arrestado, sin antecedentes, pasó a disposición del juzgado de guardia de Ripoll, que lo dejó en libertad con cargos.
