Actualizado 21/10/2008 19:19

Expertos piden adecuar las leyes de Extranjería y de Violencia de Género ante la "vulnerabilidad" de las inmigrantes

VALENCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Abogados valencianos expertos en extranjería y en violencia doméstica denunciaron hoy, en un seminario organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), "la situación de indefensión y vulnerabilidad que sufren las mujeres inmigrantes ante la violencia machista". Así, reclamaron una adecuación entre la Ley de Extranjería y la Ley Integral de Violencia de Género para que "no se vulneren los derechos de este colectivo".

El seminario, que contó también con la presencia de la coordinadora de Amnistía Internacional en la Comunitat Valenciana, Carmen Soto, y de la coordinadora de Violencia de Género en la Oficina de Ayuda a las Víctimas del Delito en Valencia, Pilar Gil, abordó los obstáculos legislativos y jurídicos que afrontan diariamente los letrados cuando deben defender a mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género.

La coordinadora de Amnistía Internacional en la Comunitat Valenciana señaló que, según un informe reciente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una de cada cuatro mujeres asesinadas por su pareja en España es de procedencia extranjera, así como también el cónyuge.

Soto resaltó que "la situación de vulnerabilidad es extrema en el caso de mujeres inmigrantes, especialmente las reagrupadas con su cónyuge en España y las que se encuentran en situación irregular".

Asimismo, criticó el "incumplimiento de determinados puntos establecidos en la Ley Integral de Violencia de Género", entre los que citó la ausencia de formación especializada de los técnicos sanitarios para atender a las mujeres inmigrantes, la exclusión de estos casos de los programas de salud mental estatales, la falta de ayudas económicas a estas mujeres y las barreras culturales, sociales y jurídicas para que puedan abandonar a sus parejas e independizarse.

Por su parte, la coordinadora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito en Valencia, órgano dependiente de la Generalitat, explicó que, "aunque la Ley Integral garantiza los derechos de las víctimas de la violencia de género "con independencia de su origen, religión o situación, las mujeres inmigrantes no reciben en la práctica ese reconocimiento".

Al respecto, precisó que "la propia situación de ilegalidad en que se encuentran muchas de estas mujeres, la imposibilidad de acceder al mundo laboral o las cargas de hijos menores son factores que hacen a las mujeres inmigrantes estén especialmente indefensas ante la violencia de género". Añadió que de los 1.016 asuntos que abordó la Oficina de Valencia en el primer trimestre de 2008, 324 correspondieron a inmigrantes.

"FALTA DE RECURSOS DE LOS TÉCNICOS"

Otro de los problemas en el tratamiento de las mujeres inmigrantes maltratadas es "la falta de recursos" de los técnicos que las tratan. En este sentido, Pilar Gil consideró que "la ausencia de una formación intercultural del personal que atiende a esas mujeres, así como la falta de traductores que eliminen las barreras idiomáticas son algunas de las necesidades más acuciantes para dar a estas mujeres la protección que demandan" y agregó que "la Ley demuestra voluntad por resolver el problema, pero hay que dotarla de recursos y ser profesionales".

La abogada valenciana Empar López, del Centro de Atención a Inmigrantes de la Mancomunitat de L'Horta Sud, subrayó que la mujer inmigrante sufre un "agravio comparativo", respecto a la mujer española, que radica en el régimen jurídico que afecta a cada una.

La experta criticó las "incongruencias entre la legislación en materia de extranjería y la Ley Integral de Violencia Doméstica, como por ejemplo la Instrucción del Ministerio del Interior que obliga a abrir un expediente sancionador a la mujer si se halla en situación irregular, aunque sea víctima de violencia doméstica, o la política de reagrupación con el cónyuge, que sólo incluye autorización de residencia y no de trabajo".

Así, la abogada lamentó que "estas mujeres se ven doblemente violentadas, en primer lugar, por su marido y, sobre todo, por la legislación en materia de extranjería, que las empuja a callar y ocultar su situación".