Mujeres contrarias a la ablación critican la actuación judicial contra unos padres gambianos de Premià (Barcelona)

BARCELONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres AntiMutilación (AMAM) consideró hoy "equivocada y racista" la actuación judicial contra unos padres gambianos residentes en Premià de Dalt (Barcelona), a quienes el juez ha retirado la custodia de sus dos hijas de 6 y 13 años ante el posible riesgo de que durante las fiestas navideñas se las llevasen a su país de origen para practicarles la ablación del clítoris.

La presidenta de AMAM, Mama Samathé, explicó hoy que conoce personalmente a la familia, que lleva varios años en Catalunya en situación legal y "perfectamente integrada". Según indicó en un comunicado, los padres acusados se han pronunciado abiertamente contra la ablación y la sospecha de que viajasen a Gambia es "infundada" porque no tenían vacaciones ni billetes de avión.

AMAM remarcó que la madre, Anna S., colabora con la asociación y que su familia de Gambia colabora con el Comité de Prácticas Tradicionales de Gambia, una ONG que desde 1984 lucha contra la mutilación genital femenina en el país africano. La asociación vio "irregularidades" en la aplicación del protocolo de la Generalitat y consideró que la familia afectada se encuentra "indefensa" ante la administración catalana.

APOYARÁN A LA FAMILIA SI DENUNCIA A LA GENERALITAT.

Según el comunicado, "la falta de sensibilidad cultural y los prejuicios han convertido un problema de comunicación entre los profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Premià y la familia en un indicio de delito y han puesto en marcha una actuación judicial innecesaria".

AMAM subrayó que ahora los padres se han expuesto públicamente ante la sociedad en general y ante la comunidad gambiana de Catalunya. Por todo ello, aseguró que apoyará a la familia si decide iniciar acciones legales contra la Generalitat.

Una juez de Mataró retiró a los padres la custodia de las niñas la semana pasada y decidió también retirar el pasaporte a la familia para evitar que puedan salir de España. La voz de alerta la dio el colegio de una de las pequeñas, momento en que se puso en marcha el protocolo habitual en estos casos, cuyo objetivo es detectar niñas con riesgo de ser sometidas a la mutilación genital y evitarla. Así, se citó a los padres a una entrevista y, al no asistir, la denuncia siguió su trámite.

Las niñas están ahora bajo la custodia de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, la juez tomará una decisión definitiva cuando reciba el informe de la Fiscalía.