MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
Unas 14 entidades y colectivos de promoción y defensa de la infancia registraron hoy una petición en el Senado para evitar que se apruebe la Ley de Adopción Internacional con su redactado actual, porque "restringe el derecho de los menores tutelados a que su situación sea supervisada por los juzgados de familia transcurridos dos años de su tutela" e impone un régimen de plazos que perjudica a 50.000 padres en prisión.
En un comunicado, los colectivos, entre los que se encuentran Madres contra la Droga y Fundación Raíces, denuncian que la modificación legislativa del Código Civil en la materia "pretende establecer unos plazos para las situaciones de desamparo, a fin de que los padres biológicos sólo puedan ejercitar sus derechos durante los mismos" y solicitan a los partidos que lo enmienden.
En concreto, se fija un periodo de dos meses para que los progenitores puedan mostrarse contrarios a la modalidad del acogimiento adoptada por la Administración tras declarar el desamparo del menor, y dos años para recuperar a los hijos si hubiera un cambio de las circunstancias que motivaron la declaración del desamparo.
Según las entidades firmantes de la petición, de aprobarse esta distribución de plazos, "los menores se verían privados de que los padres pudieran proponer soluciones menos traumáticas para ellos, como instar el cambio de modalidad del menor desamparado de internamiento residencial a familiar, porque apareciera algún familiar dispuesto a asumirlo, una vez pasados los dos meses".
Asimismo, afirman que, a los dos años del desamparo, los padres no podrían acudir a un juzgado para recuperar a sus hijos, ni los menores solicitar el regreso con sus progenitores, aún cuando estos hubieran superado las causas que determinaron la separación, si la Administración no lo considerase así. Esto implica que el juez no podrá resolver, porque la decisión ya no será de su competencia.
Esta limitación supondrá que 50.000 padres y madres que cumplen condenas de prisión superiores a dos años, como el 70% de la población reclusa, "perderán su derecho a solicitar judicialmente el ejercer como padres", al igual que ocurrirá con "progenitores que pueden estar incursos en enfermedades como la drogodependencia o trastorno transitorios".
"El 8% de la población penitenciaria es mujer, y un 85% son madres", recuerdan las organizaciones, que señalan que, de prosperar la reforma, se podría disparar el número de niños menores de tres años que viven en la prisión, una maniobra que harían las reclusas para evitar que transcurriesen los dos años de separación tras los que no podría reclamar judicialmente la custodia.
Los firmantes, se preguntaron si con esta medida la sociedad está renunciando a la posibilidad de mejora y cambio de las situaciones de las familias biológicas y denunciaron que ante casos como el de la mujer andaluza que, tras diez años luchando por recuperar a su hijo tras superar su alcoholismo, ha recibido una indemnización económica en compensación.
"El Gobierno en lugar de hacer asumir sus responsabilidades a la Administración, buscando las causas de su desgraciada intervención, ha preferido ir por la vía cómoda de machacar los derechos de los padres y de los hijos, otorgando a la propia Administración, como si de una diosa omnipotente fuera, la decisión final a partir de los dos meses y dos años anteriormente citados para valorar las peticiones de los padres", denuncia el colectivo.
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