CEAR lamenta que 2025 haya sido el año en el que las políticas antimigratorias "impulsaron los discursos de odio"

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha publicado su balance anual sobre migración y asilo de 2025, año en el que las políticas antimigratorias "impulsaron los discursos de odio".

Por ello, la ONG lamenta que este año "quedará grabado por ser en el que la Unión Europea siguió impulsando políticas antimigratorias que ponen en riesgo a los derechos humanos".

Estas políticas, a su juicio, "amenazan" la convivencia y la cohesión social, y que "dan alas" a los discursos y delitos de odio cuya "punta del iceberg" se observó el pasado julio en Torre-Pacheco, cuando "se incitó a una 'cacería' de personas migrantes tras la propagación de desinformaciones y noticias falsas por grupos de extrema derecha".

"En la encrucijada en la que nos encontramos, el año 2026 será decisivo para saber qué rumbo toma la UE y España. Ambas aún están tiempo de impulsar otras políticas migratorias y otras narrativas que pongan en el centro a las personas y acabe el señalamiento constante que sufren las personas migrantes y refugiadas, entre ellas, muchos niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares, a quienes se criminaliza y estigmatiza impunemente", prevé.

En este punto, CEAR señala que la nueva Ley de Asilo, necesaria en su opinión para adaptar nuestra legislación al Pacto Europeo de Migración y Asilo, "es una oportunidad para que el Gobierno español impulse y lidere esa otra UE que no reniega de sus valores fundacionales y mira al futuro con esperanza".

Para la ONG, el Pacto Europeo de Migración y Asilo "consagra un enfoque de contención, control y externalización de fronteras". "El nuevo ciclo político, tras las elecciones europeas, consolidó este enfoque con la creación de dos nuevas carteras en la Comisión Europea que buscan reforzar la construcción de la Europa Fortaleza", apunta.

La organización considera que, para adaptarse a esta normativa europea, España tiene que aprobar una nueva Ley de Asilo, que "debe poner el foco en el mantenimiento de las garantías ya existentes como la asistencia jurídica gratuita a lo largo de todo el procedimiento y la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de España, entre otros".

Además, defiende que debe asegurar que los nuevos procedimientos como el de triaje cuentan con todas las garantías y que se respeta el principio de no devolución.

LUCES Y SOMBRAS DEL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA

Respecto al nuevo Reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo, explica que "flexibiliza el arraigo para algunas personas en situación irregular, pero excluye del cómputo a quienes hayan visto sus solicitudes de asilo rechazadas, empujándoles a permanecer dos años en situación irregular".

En este contexto, recalca que la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de personas migrantes "puede ser una herramienta válida para dar respuesta a las situaciones de irregularidad que quedan fuera del nuevo Reglamento, pero sigue paralizada en el Congreso".

Así, advierte de que en 2026 "no deberían caber más excusas para impulsar una iniciativa que cuenta con un enorme respaldo de la ciudadanía y de la sociedad civil".

El nuevo Reglamento de Extranjería, añade la ONG, ha provocado un descenso en el número de solicitudes de asilo, principalmente de personas procedentes de países como Colombia, que "podrían necesitar protección internacional, pero que ven sistemáticamente rechazadas sus peticiones, a pesar de la frágil paz que impera en el país andino".

De hecho, las resoluciones desfavorables han crecido de nuevo este año hasta el 44%. CEAR considera que España aún tiene mucho margen de mejora como demuestran los datos de asilo.

Un 11% de las solicitudes han sido resueltas favorablemente en lo que llevamos de año (hasta el 30 de noviembre), empeorando más de siete puntos la tasa de reconocimiento de 2024, que ya ubicaba a España a la cola de la UE.

En cuanto al número total de solicitudes, "todo apunta a que haya un considerable descenso". A falta de un mes para acabar el año el número de personas solicitantes de asilo se situaba en 134.401, un 14 % menos que en el mismo periodo que el año anterior.

Durante este año, también han descendido el número de llegadas por vía marítima a costas españolas, en gran parte, según afirma CEAR, "debido a los acuerdos de control y externalización de fronteras con terceros países como Marruecos, Mauritania y Senegal".

Este descenso se ha dejado notar sobre todo en el archipiélago canario, al que han llegado un 60% menos de personas que el año pasado. Sin embargo, CEAR recuerda que "cuando se cierra una ruta, se abren otras, en ocasiones más largas y, por tanto, más peligrosas". Es el caso de la nueva ruta identificada a finales del año pasado desde Somalia a Baleares que ha experimentado un incremento del 27%.

AUMENTO DE DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS

Pese a este descenso en el número de solicitudes de asilo y en el de llegadas, la ONG avisa de que "las crisis de desplazamiento a nivel mundial persisten, especialmente en países como Venezuela, Afganistán, Ucrania, Sudán, región Sahel y, especialmente, con el genocidio en Gaza que, desde octubre de 2023, se ha cobrado la vida de más de 71.000 personas palestinas por ataques indiscriminados del ejército israelí".

También destaca el agravamiento de la situación humanitaria en Sudán a medida que se recrudece el conflicto lejos del foco mediático. Tras más de dos años, la toma de El Fasher el pasado octubre "ha dado otra vuelta de tuerca a la que ya es la mayor crisis de desplazamiento forzado en todo el mundo".

Más de 13 millones de personas sudanesas permanecían desplazadas de manera forzosa a mediados de 2025; de ellas, más de 10 millones internamente, según datos de ACNUR.

Además, este año se han cumplido 50 años de exilio del pueblo saharaui debido a la "ocupación ilegal" de Marruecos en el Sáhara Occidental. En la actualidad, más de 173.000 personas refugiadas viven aisladas en el desierto, mientras quienes viven bajo la ocupación marroquí y defienden la causa saharaui sufren graves represalias y vulneración de derechos.