Fundación Raíces señala que el Gobierno tenía que haber escuchado "a cada niño" antes de su devolución a Marruecos

Archivo - Vistas de la fachada de la sede del Supremo, a 21 de diciembre de 2023, en Madrid (España).
Archivo - Vistas de la fachada de la sede del Supremo, a 21 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo
Europa Press Sociedad
Actualizado: martes, 23 enero 2024 17:59

   MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La abogada de Fundación Raíces, Paloma García de Viedma, ha señalado que el Gobierno tenía que haber escuchado "a cada niño" sobre la sentencia del Tribunal Supremo relacionada con la devolución a Marruecos en agosto de 2021 de los menores que entraron en Ceuta. Fundación Raíces es una de las organizaciones que denunció el comportamiento de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

   "El Gobierno tenía que haber escuchado a cada niño y haber notificado una resolución que el niño tendría derecho a recurrir si no estaba de acuerdo", ha asegurado en una entrevista en el programa 'Más de uno', de Onda Cero, recogida por Europa Press.

   El Tribunal Supremo confirmó este lunes que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal al considerar que las autoridades españolas actuaron con "absoluta inobservancia" de la Ley de Extranjería e incumplieron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las "expulsiones colectivas de extranjeros".

   "El retorno de los menores no acompañados en situación ilegal en España no puede basarse únicamente en el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos (...) de 2007, sino que debe ajustarse también la legislación española en la materia, especialmente en lo atinente a las garantías procedimentales", añadió el tribunal.

   Los magistrados han desestimado los recursos de la Delegación de Gobierno en Ceuta y del Gobierno de la ciudad autónoma, quienes alegaron la semana pasada en una vista que las devoluciones tuvieron lugar en el marco de una "auténtica invasión" y que la actuación de España se amparó en el acuerdo firmado con Rabat en 2007, por lo que defendía que no se habían vulnerado los derechos de los menores.

   En este sentido, García de Viedma ha recalcado que el Ejecutivo "debería haber estudiado la situación individual de cada menor, tanto en España o en su país de origen". En todo caso, ha precisado que esta sentencia les deja "muy tranquilos" para "que el Gobierno no repita lo que hizo en agosto de 2021".

   También ha indicado que la sentencia es "muy importante" y ha destacado que "es muy sorprendente que tenga que venir el Tribunal Supremo a recordarle al Gobierno que la ley hay que cumplirla" y que esta actuación haya llevado a abrir un proceso pena "por posible delito de prevaricación". Además, ha manifestado que "las explicaciones se tendrán que dar en otras instancias".

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