De la Vega afirma que un recurso de inconstitucionalidad contra el 'minitrasvase' presentado por Aragón "no afectaría a este caso"
MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que el Gobierno mantendrá el traslado en barco de agua potable a Barcelona porque con los datos de que dispone "no se dan las condiciones necesarias para garantizar el suministro de agua a la ciudad".
En declaraciones al término del Consejo de Ministros, De la Vega incidió en que Medio Ambiente "realiza un seguimiento puntual de la situación" y lo seguirá haciendo para "en su caso" tomar "las decisiones que se consideren oportunas, que están todas previstas en el Decreto" por el que se ordenó el traslado de agua.
"Es evidente que si persisten las lluvias la situación mejorará, pero hoy por hoy, no hay ningún cambio en la posición del Gobierno (respecto al trasvase) porque no hay garantías todavía suficientes para decir que en el futuro no puede haber problemas", aseveró la vicepresidenta.
En cuanto a los mínimos que deben alcanzar las reservas de agua en Barcelona como para suspender el conocido como 'minitrasvase', De la Vega afirmó que se trata de una cuestión que hay que "determinar técnicamente" porque "hay que hacer una proyección en el tiempo para el año hidrológico de aquí a que entre en funcionamiento (...) la desaladora" prevista para la Ciudad Condal.
INCONSTITUCIONALIDAD
La vicepresidenta también se pronunció sobre el recurso de inconstitucionalidad que ha planteado el Gobierno de Aragón contra el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el suministro de agua de Barcelona, una iniciativa "legítima" que el Gobierno "respeta" pero que, según De la Vega, "no afectaría en este caso".
"El recurso se presenta porque (Aragón) entiende que la compra de agua a regantes podría ser inconstitucional", explicó la vicepresidenta, para quien "no se da tal circunstancia ya que los regantes de la Cuenca del Ebro son los que se han puesto de acuerdo para hacer una cesión gratuita del agua".
Asimismo, reiteró que "las medidas de urgencia han sido de carácter extraordinario y excepcional para evitar que cinco millones de personas tuvieran problemas de abastecimiento". "A partir de ahí, los gobiernos autonómicos tienen derecho a recurrir las decisiones ante el Tribunal Constitucional", apostilló.
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