TSJM confirma la paralización de las obras de la 'carretera de los pantanos' y pide evitar riesgos para medioambientales

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado la paralización de las obras llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid en la carretera M-501, conocida como la 'carretera de los pantanos', según el auto al que tuvo acceso Europa Press.

La resolución de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo da la razón a Ecologistas en Acción y confirma así la sentencia de febrero de 2008, que establece la "paralización inmediata de todas las obras de ejecución del proyecto", al tiempo que indica que la Administración regional debe adoptar "todas las medidas necesarias para precaver los riesgos para las personas, la seguridad vial y el medio ambiente que pudiera provocar la suspensión de los trabajos".

Para proceder a la paralización, el TSJM ha impuesto además una caución de 497.367 euros a la organización ecologista, que consideró "muy positivo" el auto pero lamentó que el cumplimiento de la legalidad "se vincule al depósito de fianzas millonarias". Por ello, aseguró que recurrirán el auto y solicitarán la eliminación de la misma.

El mencionado auto califica de "inadmisibles" los inconvenientes para la detención de las obras que argumenta la Comunidad de Madrid. "Es inadmisible fundamentar la oposición a la detención de las obras en el hecho del poco tiempo que resta para su conclusión, lo que esta tanto como pretender consagrar un hecho consumado agravado por la continuación actual de la ejecución, omitiendo el cumplimiento voluntario por la Administración condenada de la decisión de este Tribunal", apunta.

Así, señala que "no hay duda" de que la suspensión de la obra es susceptible de generar daños económicos a la Comunidad a causa de las obligaciones contraídas con los contratistas "pero no debe olvidarse que la continuación de los trabajos vulnera asimismo un interés público al menos merecedor de la misma tutela incrementando los perjuicios al medio ambiente sin la suficiente cobertura legal".

Asimismo, considera rechazable la alegación de la Comunidad de Madrid cuando afirma que ha procedido de forma espontánea a dar cumplimiento del fallo de la sentencia. Así se afirma:"Si tal hubiera ocurrido, la Administración habría comenzado a desmantelar, o al menos a detener, su ejecución. Pero tampoco hay prueba alguna de que se haya iniciado el procedimiento destinado a subsanar los vicios que determinaron la anulación del proyecto".

Por otra parte, el Tribunal considera que los contactos que la Consejería de Transportes ha mantenido con la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea no pueden suplir a la comunicación previa que recoge la Directiva Hábitat y no prejuzga las decisiones que pueda adoptar la Comisión en cuanto a órgano colegiado.

En este sentido, señala que aunque el organismo europeo valora "positivamente" la nueva actitud de la Comunidad de Madrid con la normativa vigente, "no manifiesta que exista un acuerdo al respeto".

Además, la Sala se manifiesta sobre la existencia de perjuicios de difícil reparación y la irreversibilidad de la situación que pueda producirse. Así, califica de "paradójico" que la Comunidad de Madrid argumente la necesidad de continuar las obras para evitar los daños ecológicos, cuando la ilegalidad reside precisamente en la violación de las normas protectoras del medio ambiente.

En cuanto a la caución de 497.367 euros para paralizar las obras, Ecologistas en Acción aseguró que resulta paradójico que "el cumplimiento de la legalidad resulte tan caro para los denunciantes y sea tan barato para los infractores incurrir en ilegalidad".

Además, recordó que "la dinámica de la Administración madrileña de actuar, casi sistemáticamente, al margen de la legalidad, unido a la escasa fiscalización que ejerce la oposición", supone un tremendo esfuerzo para esta organización.

LA COMUNIDAD RECURRE

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha recurrido el auto y aseguró a Europa Press que la paralización de las obras de desdoblamiento de la M-501 supondría "un grave riesgo" para la seguridad vial, por lo que agotará todos los recursos posibles para evitarlo.

En respuesta a este auto, la Comunidad de Madrid recordó que esta organización solicita la ejecución de una sentencia del TSJM que no es firme y que actualmente se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo. Esta sentencia, en opinión del Gobierno regional, "no tiene objeto, ya que hace referencia a un mero defecto formal en el proceso de tramitación que ya se encuentra subsanado".

Además, el interés del Gobierno regional para realizar estas obras de desdoblamiento es mejorar la seguridad vial en una carretera que presenta un alto índice de siniestralidad, por lo que cuenta con el apoyo de todos los alcaldes de la zona. "De hecho, hace apenas una semana se produjo un grave accidente en esta vía con una víctima mortal", apuntaron las fuentes consultadas, que señalaron que el índice de mortalidad media desde 2002 a 2006 es cinco veces superior en este tramo que en el tramo de autovía.

Además, indicaron que las obras que se están realizando en la M-501 consisten en la duplicación de una vía ya existente, actualmente en servicio, por lo que la paralización de las mismas afectaría gravemente a la seguridad de los conductores que actualmente la utilizan.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid aseguró que se está cumpliendo toda la normativa vigente y se están realizando los trabajos con el máximo respeto al entorno. De hecho, el 25 por ciento del presupuesto de esta actuación se ha destinado a medidas medioambientales.

Además, incidió en que el pasado mes de abril el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya rechazó en dos ocasiones anteriores la petición de Ecologistas en Acción de paralizar las obras de desdoblamiento de la carretera M-501.

Asimismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo denegó la medida cautelar de suspensión de los trabajos, y justificó además que no concurrían razones de especial urgencia para aceptar la petición de los ecologistas e interrumpir las obras.

En relación a la fianza estipulada en el auto, la Comunidad aseguró que no cubriría las indemnizaciones y perjuicios que derivarían de la paralización de las obras. En concreto, el Gobierno regional ha calculado que ello supondría un coste de 10 millones de euros, mientras que el auto estima una fianza de 500.000 euros, "claramente insuficiente para cubrir el coste de las indemnizaciones por los perjuicios a los que daría lugar esta paralización".